Los colegios católicos publican su primera guía para la prevención de abusos sexuales a menores

Por eso, presentaron ayer la primera «Guía para la prevención y reparación de abusos sexuales a menores en centros educativos». El documento, de casi 200 páginas reconoce que es imperioso «mirar de frente» y que ello implica, entre otras cuestiones, «escuchar la voz de las víctimas de abusos sexuales, de los casos presentes y de los pasados». Al contrario de los agresores, «en mayor medida si son docentes, sacerdotes, religiosos o figuras de cierto relieve, suelen contar con altavoces y medios para expresarse», mientras que «las víctimas suman a su condición el silenciamiento social, que les impide ser escuchadas con limpieza y sin prejuicios».

La guía fue presentada por Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas; Fernando García, inspector provincial de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor y monseñor Carlos Osoro, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Todos coincidieron en la oportunidad de esta guía que se publica en un momento en el que la sensibilidad social y eclesial sobre los abusos sexuales a menores va en aumento. Sin embargo, este periódico ha pedido cifras y han remitido a los informes estadísticos que están haciendo, por un lado, el Defensor del Pueblo, por mandato del Congreso y, por otro, el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo, encargado por la Conferencia Episcopal.

El documento elaborado el equipo de Escuelas Católicas señala que «la prevención de riesgos futuros es la base pedagógica, pastoral y jurídica de ese compromiso frente a los abusos y de la protección de los menores».

La guía dedica un capítulo a la importante tarea de la intervención. «Aunque la elaboración de los protocolos, y la información sobre los mismos, forma parte de la tarea preventiva, la aplicación de los mismos constituye en sí misma la fase de intervención, esto es, de actuaciones a realizar por la institución educativa, y específicamente por las personas designadas. Pero la intervención debe ser comprendida en modo amplio, extendiéndose a la revelación o detección del abuso sexual, que dará paso a las actuaciones de denuncia y protección, y a la comunicación institucional, tanto interna como externa», sostiene el documento.

Al proceso de sanación y reparación se le dedica el último capítulo de la guía. «Corresponde al orientador del centro y al tutor del menor, en trabajo conjunto con el coordinador de bienestar y protección, acompañar al menor que ha sido víctima de abusos, incorporando acciones que permitan la reparación y sanación de los daños sufridos», apunta la guía que recuerda que la Ley de garantía integral de la libertad sexual, promueve la creación de un servicio de atención especializada a los menores víctimas de violencia sexual, con asistencia psicológica, educativa y jurídica, por las administraciones públicas.

Pedro Huerta destacó en la presentación la necesidad de un posicionamiento institucional: «Es triste y vergonzoso constatar que muchos han traicionado la confianza que la sociedad y las familias depositan en el centro», subrayó. Por eso, «es más que un deber, es nuestra misión ser entornos seguros, contribuir a la mejora del mundo y a acabar con la lacra social de los abusos sexuales a menores. No rehuyamos pedir perdón, no seamos piedra de escándalo para nadie», señaló en declaraciones recogidas en un comunicado de la patronal.