Biden dicta un decreto para facilitar abortos en EE.UU.

Biden dijo en un discurso desde la Casa Blanca que la decisión del Supremo es «extremista» y «completamente equivocada». «Esta no es una decisión basada en la Constitución, a pesar de lo que dijeron los jueces en su mayoría, no está basada en la historia», dijo el presidente. «Esa es la horrible realidad de una decisión dedicada a criminalizar el ejercicio de la medicina, congelándola en el siglo XIX».

Uno de los principales objetivos del decreto es facilitar el acceso de todas las mujeres en Estados Unidos a medicamentos abortivos aprobados por la agencia del medicamento. Estas se pueden tomar, según los médicos, hasta 11 semanas después del primer día del último periodo. Estados como Texas han prohibido el aborto tras las primeras seis semanas de gestación.

El 24 de junio, el Supremo norteamericano anuló una sentencia previa de 1973 que legalizó el aborto hasta la viabilidad del feto, algo que se interpreta en torno a las 24 semanas. Desde entonces se han practicado en EE.UU. 62 millones de abortos, según cifras estimativas del propio gobierno federal. Ahora, en virtud de la nueva sentencia del Supremo, cada estado debe tener sus propias leyes.

Como el Supremo ha impuesto un criterio federal, el Gobierno central tiene poco margen de maniobra, pues no hay una ley aprobada en el Capitolio sobre aborto. De momento, Biden da a su ministerio de Sanidad un plazo de 30 días para elaborar un informe sobre acceso al aborto y derecho a la intimidad tanto de mujeres como de doctores que las asistan.

Muchas empresas, como Disney o Facebook, se han ofrecido a reembolsar a sus empleadas el dinero que les cueste viajar a estados donde sí es legal abortar, como Nueva York o California. Redes de activistas a favor del aborto ya están explorando vías para que médicos en estos últimos estados puedan enviar píldoras abortivas por correo a las mujeres que los soliciten.

Como seguramente van a plantearse muchas demandas, Biden también crea un grupo de trabajo, en el que implica al ministerio fiscal y colegios de abogados, para facilitar la representación pro bono de mujeres o médicos denunciados. Dicha representación podría incluir, según la Casa Blanca, la protección del derecho a viajar fuera del estado para «buscar atención médica».

Mientras, las últimas clínicas abortistas han ido cerrando en estados conservadores como Kentucky o Mississippi. En Florida y Mississippi han entrado en vigor leyes que restringen la casi totalidad de abortos tras las 15 semanas.