El ex auditor general del Vaticano dice que la Santa Sede le despidió por haber descubierto escándalos y pide un resarcimiento de 10 millones de euros

La historia comienza en 2015, cuando el ex presidente de Deloitte Italia, Libero Milone, fue fichado como auditor general de la Santa Sede, para impulsar la transparencia en las cuentas y operaciones. Dos años más tarde, fue obligado a dimitir.

El Vaticano le acusó de haber encargado «a una sociedad externa actividades investigativas sobre la vida privada de personas de la Santa Sede, un delito que ha dañado la confianza depositada en él», y que su trabajo era sólo «analizar los balances y las cuentas de la Santa Sede y de los entes que dependen de ella». El Vaticano añadió que Milone había aceptado «libremente presentar su dimisión» cuando se le mostraron las pruebas que lo incriminaban.

La versión de Libero Milone, de 74 años, es diferente. Dice que le amenazaron con arrestarlo si no firmaba una carta de dimisión previamente escrita. Rechaza las acusaciones. Dice que se ocupó de «examinar facturas y pagos de prelados, cardenales y obispos. Es el trabajo típico de un auditor, eso no es espionaje», explica. Ahora añade que el despido le ha provocado un daño reputacional por el que solicita una indemnización de 9,6 millones de euros.

Se suma a la denuncia su «auditor adjunto», Ferruccio Panicco, de 63 años. Asegura que entre los documentos que les fueron incautados estaba su propio informe médico. «Lo tenía todo allí, y me han impedido diagnosticar más rápidamente un cáncer de próstata que ahora está en fase avanzada. El Vaticano me ha quitado 20 años de vida», asegura.

En paralelo, se ha sabido que hay una causa formalmente abierta contra Libero Milone en el Vaticano por malversación y abuso de funciones, y que el lunes será interrogado por segunda vez.

La borrasca se veía venir. Ya tres meses después de marcharse, en 2017, avisó de que, aunque el Papa había comenzado la reforma con muy buenas intenciones, «temo que esté bloqueado por el viejo poder, que se ha sentido amenazado por lo que vi en las cuentas». «Espero que los documentos que secuestraron en mi oficina el 19 de junio de 2017 salgan del Vaticano. Tengo buena memoria», avisó.

Ahora ha empezado a «recordar» algunos de ellos. En la denuncia que ha depositado en el tribunal vaticano hay una «lista sumaria y muy parcial de la miríada de 'irregularidades' detectadas, venciendo obstrucciones y resistencias de todo tipo, para documentar una gestión muy opaca y alegre de las propiedades de la Santa Sede». Insinúa que el despido se debe a que descubrió esas irregularidades. Y dice que el término «irregularidades» es un eufemismo.

Habló sobre algunas de ellas esta semana durante un encuentro con periodistas en el despacho del abogado que seguirá la causa, Romano Vaccarella, quien en el pasado defendió en procesos civiles a Silvio Berlusconi.

Por ejemplo, recuerda que en la oficina de un cardenal encontraron una bolsa de plástico de las que se usan para hacer la compra, con medio millón de euros; asegura que antes de las elecciones de 2013, una de las fundaciones del hospital pediátrico Bambino Gesù, propiedad del Vaticano, transfirió medio millón de euros para financiar partidos políticos disfrazándolo como actividades de márketing. También se perdió el rastro de 2,5 millones de euros donados por una fundación a ese hospital, teóricamente destinados a la construcción de un nuevo edificio.

También recuerda que un cardenal se transfirió por error medio millón de euros a su propia cuenta corriente, y más adelante devolvió esa cantidad; que en 2015 un monseñor hizo operaciones sospechosas con fondos del Pontificio Consejo para la Familia; que el entonces comisario general de la Gendarmería pagó los 170 mil euros que costaron las obras de su casa con fondos del Vaticano, justificando que era una vivienda de servicio; y que la 'Società Agricola San Giuseppe' que depende del Apsa, tenía al menos en aquel entonces un agujero de 800.000€ porque no se reclamaban ni los alquileres ni los préstamos.

Efectivamente, Libero Milone solicitó ayuda a una agencia privada de investigación, «Falco Investigazioni». Le encargó descubrir si esta sociedad estaba relacionada con la familia del cardenal que entonces presidía el Apsa.

El investigador privado ha sido interrogado por el Vaticano y ha asegurado que también se ocupó de «geolocalizar» a tres altos cargos del Vaticano: Danny Casey, brazo derecho del secretario para la Economía, en aquel entonces el cardenal George Pell; el director general del banco vaticano, Gian Franco Mammì; y Tommaso di Ruzza, director de la Autoridad de Investigación Financiera. Libero Milone, lo niega.