Seis medidas para ahorrar 3.000 millones en Educación

Elevar hasta un 20 por ciento la ratio de alumnos por aula en primaria y secundaria (la legislación vigente marca ahora un máximo de 25 alumnos en primaria y 30 en secundaria).

La segunda medida de ahorro es aumentar la parte lectiva de la jornada semanal del profesorado: que sea como mínimo de 25 horas en primaria, y 20 horas en secundaria (ahora, como máximo, es 20 horas en primaria y 21 en secundaria).

Estas dos primeras normas, en principio coyunturales, pensadas para conseguir la estabilidad presupuestaria que se exige a las comunidades, tendrán un impacto claro en la reducción del personal docente, aunque el ministro ha sostenido que los 100.000 puestos de que hablan los sindicatos, o los 15.000 interinos andaluces de que habla el consejero andaluz de Educación, Francisco José Álvarez de la Chica, son una auténtica exageración.

La tercera medida es la demora en la implantación de los módulos de 2.000 horas de Formación Profesional hasta el curso 2014-2015 (supone también contratar a menos profesores).

La cuarta es derogar la obligatoriedad de que los centros oferten dos de los tres tipos de bachillerato que hay (Artes, Ciencias y Letras -o Humanidades-). Y esto no será coyuntural, sino estructural, es decir, para «siempre», porque se trata de una «rigidez» reconocida y denunciada en el sector educativo, dijo Wert.

Se anulan (quinta medida) los complementos retributivos del profesorado con carácter coyuntural.

Finalmente (de nuevo medida estructural), las bajas inferiores a los diez días lectivos deberán ser cubiertas con los propios recursos del centro y no por interinos.

En la rueda de prensa posterior a su cita con los consejeros de Educación, Wert ha señalado: «Son medidas que, a nuestro juicio, y a juicio de la mayoría de las comunidades autónomas, no inciden sobre la cobertura y la calidad de la educación y no afectan a la equidad ».

La consejera vasca de Educación, Isabel Celaá , una de las más beligerantes contra Wert, afirmó tras la reunión que el ministerio invadía competencias de las comunidades y se quejó de que ni siquiera, en la reunión, el ministro les hubiera entregado su iniciativa por escrito. «Es lamentable, por no decir muy lamentable», subrayó Celaá.

Wert, requerido en la rueda de prensa por ABC a que respondiera a las quejas de Celaá, dijo que las comunidades autónomas legislan dentro de sus competencias sin necesidad de consultar al Estado, y sin hablar previamente con él, y que eso estaba bien. Él iba a legislar en competencias del Estado y «había tenido la deferencia» de informar a los consejeros de Educación, aunque no tenía obligación de hacerlo. Wert sostuvo que si algún consejero (aludía a los que se oponen a sus planes: Andalucía, el País Vasco, Canarias y en parte Cataluña) piensa que el Estado invade sus derechos, que recurra el decreto-ley que se aprobará, porque «para eso estábamos en un Estado de derecho».