Vivir entre cerdos: la proliferación de las macrogranjas en España

Además del situado en ese pueblo granadino, entre los proyectos que más preocupan a la ONG Greenpeace están el de Noviercas y Gormaz, en Soria, y el de Quintanar del Rey, en Cuenca. Luis Ferreirim, responsable de Agricultura de la entidad ecologista, cuenta a este periódico que aunque hay granjas con entre 2.000 y 10.000 cerdos en España, «los nuevos proyectos -como el de Castilléjar- son faraónicos, realmente brutales» . Mastodónticos.

Y es que, la ganadería industrial intensiva se ha ido abriendo paso en el territorio español durante los últimos años, teniendo su mayor auge en la producción porcina, avícola y de vacuno. En enero de 2021, España contaba con un total de 507.020 explotaciones ganaderas activas, lo que equivale a una explotación por kilómetro cuadrado. Así lo desvela el último informe ‘Macrogranjas, veneno para la España rural’, elaborado por Greenpeace. Como ella, son numerosas las asociaciones que denuncian cada día el deterioro de la calidad de vida en los pueblos donde han ido ganando terreno las explotaciones ganaderas industriales popularizadas como macrogranjas en las que se busca la máxima producción de carne, leche y huevos al más bajo coste .

En el caso de la granja de Castilléjar, la finca de la Dehesa del Rey almacena hasta 700.000 cerdos al año . Si además se suman otros pueblos de la zona, como la Puebla de Don Fadrique o las Dehesas de Guadix, la cifra asciende a 1,2 millones, lo que se traduce en 500 cerdos por habitante. A la rebelión por estas macrogranjas hay que sumarles las «granjas o cooperativas integradas», aquellas que no pertenecen a la empresa dueña, Cefusa, pero que funcionan a modo de subcontratas formadas por vecinos que se dedican al negocio, con granjas de engorde de 20 a 100 kilos a 4.000 lechones . En total, suman 64 granjas, diez núcleos a vista de pájaro, o como lo denomina Evaristo Rodríguez, «el triángulo de las cerdunas» .

En el ámbito de la ganadería y de acuerdo con la Directiva de Emisiones Industriales (DEI), se consideran complejos industriales a las explotaciones de cría intensiva que dispongan de más de 40.000 plazas para aves de corral; más de 2.000 para cerdos de cría -peso superior a 30 kg-, o que dispongan de más de 750 plazas para cerdas reproductoras. Desde Greenpeace denuncian, además , el desconocimiento que existe respecto al verdadero impacto de la ganadería intensiva y las dificultades con las que se encuentran a la hora de poder acceder a los datos .

Uno de los mayores miedos que acechan al ‘triángulo de las cerdunas’ , consecuencia de estos proyectos, está en la gestión de los purines -los excrementos del cerdo y las aguas contaminadas por sus productos de limpieza-. El purín se mezcla con la tierra y la abona. Según cuenta de nuevo Evaristo Rodríguez, «esto no supondría el problema; pero sí los 243.000 metros cúbicos de purines que se generan al año solo en Castilléjar».

Además, si esos purines no se tratan a través de depuradoras, tiene dos vías de impacto ambiental muy claras. En primer lugar, la calidad del aire. Las 64 balsas, «como piscinas olímpicas», que contienen los purines, sueltan al evaporarse amoniaco, gases nitrosos y metano . Este último produce un efecto invernadero entre 21 y 23 veces mayor que el dióxido de carbono . Según el Registro Estatal de emisiones y fuentes contaminantes del Ministerio para la Transición Ecológica, en esta zona se ha pasado de 131.000 kilos al año de amoniaco en 2010 a 307.000 kilos al año en 2018 .

En segundo lugar, y lo que más preocupa en las zonas afectadas, es la contaminación del agua . Los vertidos, si se entierran sin estar bien tratados, pueden contaminar los acuíferos, sin olvidar que cualquier descontrol en este sentido podría desembocar en una catástrofe ambiental. Cabe destacar que no es solo un problema rural, ya que en noviembre de 2020 , el vertido excesivo de purines procedentes de macrogranjas obligaron a cortar el agua en buena parte de Santiago de Compostela.

Los datos aportados por el ministerio señalan que el 50% de las estaciones de control de aguas superficiales y el 30% de las dedicadas a controlar aguas subterráneas , indican una mala calidad debido a la contaminación por nitratos, fruto de la agricultura intensiva y la ganadería industrial. Esta contaminación afecta a los ecosistemas naturales, a las reservas del futuro y al abastecimiento humano. «En muchos pueblos ya se están quedando sin agua. De 2016 a 2019 ha aumentado la contaminación en agua subterránea un 51,1% », recalca Greenpeace.

En concreto, en Andalucía, la Junta realizó dos inspecciones ambientales a la explotación de Castilléjar, en 2015 y 2018 , donde detectó una serie de anomalías. Al respecto, la compañía Cefusa aclaró hace pocos meses que fueron «en su momento, tiempo y forma, totalmente subsanadas».

Pero parte del problema también es económico. El gigante ganadero Cefusa lleva quince años instalado en la zona de Granada , dando trabajo a unas 60 personas. A pesar de ello, esta zona sufre una pérdida de población desde 2005.

No es la única región en la que conviven las explotaciones con el vaciamiento demográfico . Un segundo ejemplo es Extremadura. En el 90,8% de los municipios de esta autonomía en los que ha aumentado la cabaña porcina durante los últimos seis años también se ha producido un descenso del número de habitantes . De los diez municipios extremeños en los que más creció el índice de cerdos, ocho son pueblos rurales que no alcanzan más de una densidad de 12,7 habitantes por kilómetro cuadrado.

En Castilléjar, con una población que sobrepasa levemente el millar de habitantes , señalarse entre unos y otros es fácil. Mientras Evaristo Rodríguez, cansado de esta batalla, contesta a las preguntas de ABC en uno de los dos únicos bares que existen en el centro de la localidad, las miradas de los vecinos se vienen sobre él. La crispación es notoria e incómoda. «He vivido episodios negativos, como comprenderás. A mí me han arrojado basura en la zona donde vivo. Como portavoz de la plataforma, hay un desgaste tremendo» , comenta. «Varios habitantes del pueblo vienen a firmar, pero piden al mismo tiempo que sea anónimo. Hay división, sobre todo entre los que trabajan allí. Solo queremos que gestionen mejor los residuos y que no haya más ampliaciones», asegura el portavoz de la plataforma.

Por su parte, el alcalde de Castilléjar, Jesús Raya Ibar, también atiende a ABC. Es uno de los principales acusados por las futuras ampliaciones de las denominadas granjas integradas. El socialista es, al mismo tiempo, un alto cargo de la Diputación de Granada y gerente de Visogsa, la empresa provincial de la vivienda. La plataforma Salvemos el Altiplano planteó contra él una querella , que finalmente fue archivada, en la que se le acusaba de prevaricación al vender una finca familiar para una concesión de ampliación de dos granjas integradas. La querella se interponía no solo porque las parcelas vendidas fueran propiedad del edil, sino porque estaban clasificadas como suelo no urbanizable , situado a menos de 500 metros de algunas viviendas.

Sobre este asunto, el regidor se defiende y, en su despacho y junto al teniente de alcalde, Emilio Sánchez Martínez, remite a la resolución del juez, que no admite recurso y aboca a la plataforma a denunciar mediante un contencioso administrativo. Ibar denuncia asimismo «una persecución» contra su figura, a la vez que niega que las ampliaciones de 4.000 cerdos -2.000 en cada granja de engorde-, se vayan a llevar a cabo.

Mientras en Castilléjar la ganadería intensiva sigue enfrentándose por las consecuencias sobre el entorno, en la España vaciada , muchos otros pueblos siguen debatiéndose entre la necesidad de prosperar económicamente y la de proteger el medio en el que viven.