El Supremo ordena la demolición completa del 'resort' de lujo de la isla de Valdecañas, el oasis de la 'jet' española

Es la puntilla a un proyecto que en su apogeo logró atraer el interés de los Aznar-Botella, Beltrán Gómez-Acebo o Jaime López Ibor y que lleva casi 15 años en los tribunales , después de que dos grupos ecologistas denunciaran la construcción al emplazarse en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) con el beneplácito de la Junta de Extremadura, entonces con el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente. Tras la denuncia, el proyecto que inicialmente esperaba albergar 565 villas, dos hoteles de 4 y 5 estrellas, zona de piscinas y una playa artificiafue declarado ilegal por la Justicia. La construcción se paralizó a la mitad y en 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) decidió mantener intacto un tercio del proyecto .

El TSJEx argumentaba que las construcciones terminadas no dañaban el medio ambiente y también alegaba «la imposibilidad material» de ejecutar la demolición completa. El fallo tenía en cuenta el elevado coste que supondría acabar con todo: 34 millones de euros solo por la demolición de lo ya construido y 111 millones de perjuicio económico a los propietarios. Era solo una estimación, que no suponía el reconocimiento del derecho de indemnización, pero perfilaba que la Junta de Extremadura podría tener que hacer frente a, al menos, 144.982.889,85 euros por los gastos de demolición y de indemnización a terceros de buena fe.

Sin embargo, Ecologistas en Acción presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para lograr la demolición completa , que ahora ha sido estimado por la Sala Tercera del tribunal. «Sin duda supone que prevalezca el cumplimiento de la ley, el interés general de la ciudadanía y el respeto al medio ambiente », han valorado este martes.

Para los grupos ecologistas, el de Valdecañas era un pleito importante. Entendían que podía sentar un precedente para de acabar permitiendo la transformación urbanística de suelos especialmente protegidos y que después se declarara de imposible su desmantelación por el impacto socioeconómico.

En contra de la sentencia del Supremo, cuyo contenido íntegro todavía no se ha dado a conocer ni se ha notificado a las partes, cabría un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque según Ángel García Calle, coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, el recorrido sería «poco o nulo». «El derecho a la propiedad no es un derecho fundamental , como es el derecho a la vida», asegura.

La Junta de Extremadura ha decidido no hacer ninguna valoración hasta que no tenga la sentencia completa. Queda en el aire la posible indemnización a los propietarios. «Es el quid. Nosotros creemos que no va a haber», opina García Calle. Según afirma, los propietarios «no adquirieron de buena fe» las villas, ya que «sabían que había un proceso judicial en ciernes» y, por eso, en los contratos de compra se incluyó «una claúsula exonerando a la constructora» si había problemas con la Justicia. El Supremo tampoco se va a pronunciar sobre este punto , ya que no se planteó en el recurso de casación.

Para el abogado de los compradores, Luis Díaz-Ambrona , el derecho a indemnización de los propietarios es incontestable. Y aunque reconoce que la claúsula citada por los ecologistas se incluyó en algunos contratos, se hacía de cara a la constructora. «Nos hemos quedado sorprendidos», reconoce sobre la sentencia del Supremo. La demolición del complejo será «una ruina para la Junta, para los pueblos y para los propietarios», asegura. «Va a dejar la zona como un erial. No beneficia a nadie».