El Vaticano rechaza excluir a los periodistas en el proceso al ex presidente del hospital pediátrico «Bambino Gesù»

Como era de esperar, el presidente del Tribunal del Vaticano, Paolo Papanti-Pelletier, rechazó la petición de los abogados defensores añadiendo un toque de ironía sobre su queja de que «nos sentimos presionados por tenerles a nuestras espaldas». Según el juez-presidente, los periodistas se sientan detrás de la defensa «porque no pueden estar delante ».

La anécdota es significativa de un proceso al viejo sistema en que algunos italianos muy avispados ganaban acceso al Vaticano para saquear lo que podían en una red de complicidad con personajes externos.

A Giuseppe Profiti, ex presidente del «Bambino Gesù» , el hospital pediátrico del Vaticano que es el centro de referencia en Italia, se le acusa de haber entregado 422.000 euros a la empresa constructora que estaba acondicionando el apartamento del cardenal Tarcisio Bertone en el Vaticano cuando éste dejó su cargo de secretario de Estado. Al ex tesorero de la Fundación «Bambino Gesù», Massimo Spina, se le acusa de haber firmado esas transferencias sin rechistar por orden de su jefe aun sabiendo que era dinero destinado a los niños y no a inmuebles .

El Tribunal del Vaticano rechazó otras peticiones igualmente ridículas de la defensa y ha fijado vista pública para los días 7, 8 y 9 de septiembre, que coinciden con el viaje del Papa a Colombia.

Los hechos son bastante claros. Al mismo tiempo que el cardenal Tarcisio Bertone estaba pagando de su bolsillo un total de 300.000 euros para renovación de dos apartamentos propiedad del Vaticano y dentro de su territorio-lo cual supone de hecho una donación, pues tiene ya 82 años y no va a seguir mucho tiempo como inquilino-, el hospital «Bambino Gesù» pagaba en paralelo 422.000 euros a la misma constructora italiana, Castelli Re.

Profiti enviaba ese dinero a la constructora propiedad de su amigo Gianantonio Bandera —conocido por otros negocios turbios —, pero no lo pagaba en Italia sino a sus filiales en Londres, Lg Contractor y Castelli Re Holding, cooperando de ese modo con la evasión fiscal de una empresa que poco después se declararía en quiebra.

Argumentando que «el presunto delito fue cometido en Inglaterra» y que el hospital pediátrico «Bambino Gesù» si bien es propiedad del Vaticano se encuentra físicamente fuera de su territorio , los dos abogados defensores han pedido al Tribunal del Vaticano que se reconozca incompetente.

El fiscal adjunto ha recordado que la legislación penal del Estado del Vaticano, puesta al día por el Papa Francisco, amplia la jurisdicción del Tribunal «a todos los delitos cometidos por funcionarios públicos del Vaticano en cualquier lugar del planeta ».

En la primera sesión de este juicio penal —que sigue a los procesos contra el mayordomo de Benedicto XVI por robo de documentos y contra el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda por entrega de documentos económicos a periodistas, ambos concluidos en condenas de prisión — ha sacado a la luz dos mentalidades y dos visiones del mundo.

Los acusados y sus abogados defensores se comportan como si estuviesen todavía en el siglo XX, en que una serie de personajillos italianos podían saquear a su gusto en el Vaticano . En cambio, los jueces, fiscales y periodistas se comportan según los principios del siglo XXI: luz, taquígrafos y severidad con los delincuentes.