El Vaticano arresta a un agente inmobiliario italiano que le estafaba en las inversiones reservadas en Londres

En otro llamativo cambio de estilo, el comunicado del Vaticano informa de que Gianluigi Torzi ha sido acusado de «extorsión, apropiación indebida, estafa agravada y autoblanqueo de dinero, delitos para los que la Ley vaticana prevé hasta doce años de reclusión». Una amenaza pública en toda regla.

El nuevo presidente del Tribunal del Vaticano, es un magistrado siciliano que se ha distinguido en la lucha contra las dos principales mafias -Cosa Nostra y la Ndrangheta-, y contra la gran criminalidad como fiscal jefe de Roma hasta su jubilación en mayo de 2019.

El escándalo de la compra de un inmueble de lujo en Londres con fondos reservados de la secretaría de Estado ha desencadenado la suspensión de cinco funcionarios del Vaticano -incluido el jefe de la Autoridad de Información Financiera (AIF)- y, de rebote el cese por dimisión forzada del jefe de la Gendarmería Vaticana. Pero, paradójicamente, ha llevado en primer lugar a la cárcel a una persona que actuaba desde fuera.

El caso salió a la luz el año pasado cuando la Secretaría de Estado intentó arrancar un crédito puente del banco del Vaticano (IOR) para remediar uno de sus errores en Londres, sin imaginar que el pequeño banco, cansado ya de escándalos, denunciaría la maniobra a los fiscales del Vaticano. Estos, a su vez, ordenarían un registro judicial en un departamento absolutamente «intocable» hasta el uno de octubre de 2019. La secretaría de Estado del Vaticano -similar a una presidencia del Gobierno muy poderosa-, invierte con total opacidad y a través de sociedades intermedias fondos reservados por valor de 700 millones de euros según estimaciones de la prensa económica italiana.

Ese dinero incluye, al menos temporalmente, donativos llegados como «Óbolo de San Pedro», que los donantes esperan se dediquen de modo inmediato y directo a obras de caridad del Papa, del tipo de las presentadas en su web oficial www.obolodisanpietro.va .

La desastrosa inversión de 277 millones de euros en el antiguo edificio construido para los almacenes Harrods en el número 60 de Sloane Avenue en un barrio muy elegante de Londres, comenzó en 2013 a través de Raffaele Mincione.

El financiero italiano se lucró bastante con la operación en la que intervinieron varias de sus sociedades. En sucesivos pasos, Mincione vendió su parte al Vaticano, representado por Gian Luigi Torzi, quien pasó a la secretaría de Estado 30.000 de las 31.000 acciones del proyecto, pero quedándose justamente mil acciones de voto preferente.

La supuesta extorsión de Torzi consiste en haber exigido al Vaticano 20 millones de euros por la entrega de ese paquete, imprescindible para que el Vaticano pudiese tomar el control de la transformación del inmueble de Harrods en apartamentos de lujo. Torzi no obtuvo los 20 millones, pero sí una «comisión» de diez a quince millones de euros.

El cuadro general de la inversión inmobiliaria del Vaticano en el elegante barrio londinense de Chelsea es desolador. La larga serie de chapuzas a lo largo de ocho años solo se explica con complicidades internas y externas entre las personas responsables . El resultado es un grave daño económico al Vaticano que, como el resto de los inversores inmobiliarios en Londres, sufrirá además las consecuencias del Brexit.

La acusación presentada el viernes por los fiscales del Vaticano, «extorsión, apropiación indebida, estafa agravada y autoblanqueo de dinero», es muy grave, y el proceso se prevé complicado. Lo único claro, de antemano, es que Gianluigi Torzi no es el único culpable.