Valencia suprime el copago farmacéutico para los pensionistas

La decisión de eliminar el copago en contra del criterio del Gobierno central –fue una de las medidas que se adoptó para reducir el gasto público y racionalizar el consumo farmacéutico, en uno de los peores momentos de la crisis económica– ya había sido avanzada el pasado mes de septiembre en las Cortes valencianas por la consejera de Sanidad, la también socialista Carmen Montón, y formaba parte del programa electoral del PSOE en las pasadas elecciones autonómicas.

La intención del Gobierno valenciano, formado por PSOE y la coalición nacionalista Compromís y apoyado por Podemos –estas dos últimas formaciones concurren juntas en la Comunidad Valenciana a las elecciones generales– es que la supresión del copago entre en vigor el 1 de enero. A partir de entonces, por tanto, los pensionistas con rentas inferiores a 1.000 euros y las personas discapacitadas no tendrán que  abonar cantidad alguna por las medicinas que adquieran.

Puig explicó que se trata de "garantizar que todas las personas sigan su tratamiento médico" y expresó su voluntad de que el próximo Gobierno "haga efectiva esta medida para todos". "Es una cuestión de justicia". Según indicó el presidente valenciano, el impacto económico de esta medida ya está contemplado en los presupuestos autonómicos para 2016, que se tramitan en estos momentos en las Cortes valencianas. El pago de la factura farmacéutica, sin embargo, es uno de los principales lastres del Gobierno valenciano, que ha tenido que recurrir al FLA los últimos años para hacerle frente.’

La de suprimir el copago farmacéutico para pensionistas y discapacitados no es la primera medida en materia de salud que el Gobierno valenciano toma en contra del criterio del Ministerio de Sanidad. PSOE y Compromís ya intentaron hace unos meses garantizar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en contra de la ordenación estatal de la materia, pero se toparon con la oposición del Gobierno Central y del Tribunal Constitucional, que suspendió la medida tras el recurso del Ejecutivo, al considerar que la decisión invadía comptenecias estatales.