El Supremo parte Estados Unidos en dos: cada estado decidirá si permite o no el aborto

La consecuencia es que EE.UU. será un país partido por la mitad en un asunto central. Decenas de estados tenían legislaciones aprobadas que prohíben el aborto o que lo restringen al máximo. Son 'leyes gatillo', listas para entrar en vigor en cuanto el Supremo tumbara las protecciones para el aborto o en un periodo de 30 días. A partir de ahora, una mujer de Nueva Orleans, la principal ciudad de Luisiana, tendrá que atravesar varios estados y recorrer 1.100 kilómetros hasta la ciudad más cercana con una clínica -en Granite City, Illinois- donde poder abortar.

La decisión del Supremo es la culminación de una lucha de décadas, desde que el mismo tribunal aprobó la sentencia 'Roe v. Wade' en 1973 y que estableció el acceso al aborto como derecho constitucional.

Durante ese tiempo, los tribunales inferiores han rechazado leyes restrictivas con el aborto aprobadas por los estados de forma sistemática ante la presencia de esos precedentes establecidos en el Supremo (otra sentencia central es la de 'Planned Parenthood v. Casey', de 1992, que establecía la viabilidad en las semanas 23-24 de gestación).

En los últimos años, sin embargo, ha habido una avalancha de estas leyes con la esperanza de que el giro conservador del tribunal abriera una ventana a acabar con el aborto. La que finalmente ha sido considerada por el Supremo es la aprobada en 2018 por el estado de Misisipí, que prohíbe casi todos los abortos después de las quince semanas de embarazo.

Ese giro conservador se fraguó en la presidencia de Donald Trump que prometió a los votantes republicanos colocar jueces muy conservadores en el intérprete último de la Constitución. No solo cumplió sino que además tuvo la posibilidad -poco habitual- de nombrar a tres jueces en un solo mandato .

La actual composición del tribunal es de seis jueces nombrados por presidentes republicanos y solo tres elegidos por demócratas. Y ese ha sido el resultado de la votación en la sentencia sobre aborto alrededor de la ley de Misisipí -'Dobbs v. Jackson Women's Health': un contundente 6-3 que cambia por completo la configuración del aborto en todo el país.

La decisión sobre el aborto es histórica pero, al mismo tiempo, esperada. El pasado mayo, la web 'Político' filtró un borrador -algo muy poco habitual con las decisiones del Supremo- de su texto que causó conmoción y demostró que el desmantelamiento del derecho al aborto por parte de la mayoría conservadora del tribunal iba en serio.

«'Roe' era rematadamente errónea desde el principio. Sus fundamentos eran excepcionalmente débiles y la sentencia ha tenido consecuencias desastrosas. Y lejos de conseguir un acuerdo nacional sobre el asunto del aborto, 'Roe' y 'Casey' han avivado el debate y profundizado la división», aseguró el redacto de la sentencia, el juez conservador Samuel Alito. «Es momento de acatar la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes elegidos por el pueblo».

Los tres jueces progresistas firmaron una opinión en desacuerdo: «Con independencia del alcance de las leyes que se aprueben a partir de ahora, hay un resultado seguro tras la sentencia de hoy: la restricción de los derechos de las mujeres y de su estatus como ciudadanas libres e iguales», escribieron.

La capacidad de decisión de las mujeres sobre su embarazo será muy diferente en función de en qué estado vivan. Trece estados tenían ya listas esas 'leyes gatillo' que prohíben o limitan de forma rotunda el acceso al aborto a la espera de la decisión del Supremo. Muchos de ellos no tienen excepciones para casos de violación o incesto , y solo las incluyen para situaciones de peligro a la vida de la madre. Otra docena de estados han mostrado su inclinación a redactar y aprobar leyes similares, según el Guttmacher Institute, un organismo a favor de las protecciones del aborto.

Se calcula que la mitad del país -incluidas 37 millones de mujeres en edad reproductiva- viven en estados que tendrán acceso muy limitado a la interrupción voluntaria del embarazo.

Algunos estudios, como el de Caitlin Myers, del Middlebury College, apuntan a que el nuevo escenario no reducirá de forma drástica el número de abortos que se practican en la actualidad. Su estimación es que solo caerá en un 13%. La realidad es que en muchos de los estados donde habrá prohibición ya se practican muy pocos , por falta de infraestructura y por ser sociedades más conservadoras. Y muchas de las mujeres que se someten a ellos lo harán viajando a otros estados, de forma ilegal -con los riesgos sanitarios y penales que eso conlleva- o a través de pastillas abortivas.

Este método de aborto se ha disparado en los últimos años y ya suponía el 54% del total en 2020, frente al 37% en 2017. Los estados contrarios al aborto se han propuesto también legislar contra las pastillas abortivas, pero será difícil evitar que se haga de forma ilegal, con la compra de los fármacos a través de Internet y con envío por correo.

Uno de los magistrados conservadores del Supremo, Brett Kavanaugh, argumentó que la posición de la mayoría del tribunal era «neutral», ya que solo entrega la decisión sobre el aborto a los estados y sus votantes. El ala progresista respondió que eso no es neutralidad, sino desprotección de un derecho: «¿Qué pasa, entonces, con el derecho a utilizar anticonceptivos o al matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Sería también escrupulosamente neutro el tribunal si elimina esos derechos? La razón de estos ejemplos es que, cuando se trata de derechos, el tribunal no actúa de forma 'neutral' cuando lo deja todo en manos de los estados», escribieron.

El razonamiento sirve para atacar los argumentos de los jueces conservadores pero también como aviso de qué derechos podrían estar en riesgo de aquí en adelante, con un Supremo que ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de romper precedentes establecidos.