El Supremo de EE.UU. se muestra favorable a limitar o prohibir el derecho al aborto

La presidencia de Trump acabó con fuerte giro conservador del Supremo -de una mayoría de 5-4, pero con un juez inclinado a votar con los progresistas, se pasó a otra de 6-3-, lo que proyectaba una sombra sobre una de las cuestiones clave para el electorado más conservador: el derecho al aborto.

La posibilidad de restringir o prohibir este derecho en EE.UU., establecido desde 1973 por la sentencia ‘Roe v. Wade’ del Supremo, se materializó este miércoles en una audiencia del alto tribunal, que trataba una ley del estado de Misisipi que busca prohibir los abortos después de las quince semanas de gestación y solo permite excepciones muy limitadas de riesgo para la salud o «anomalías severas del feto». Es el caso más decisivo sobre aborto que llega a las manos del tribunal en décadas.

Aunque la decisión sobre la constitucionalidad de esta ley no se tomará hasta el año que viene -en junio o julio-, los jueces conservadores se mostraron favorables a limitar el acceso al aborto como estaba cimentado hasta ahora por los precedentes judiciales o acabar con él de forma completa.

‘Roe v. Wade’ estableció el derecho al aborto hasta que se considera que el feto tiene viabilidad, es decir, 23 semanas. Una sentencia posterior de 1992 reafirmó ese derecho y negó a los estados la posibilidad de establecer prohibiciones inferiores a este plazo.

Los jueces escucharon e interrogaron a las partes en la sesión de este miércoles, en la que el procurador general de Misisipi, Scott Stewart, en defensa de la ley estatal, aseguró que el aborto «no tiene sitio en nuestra historia o tradiciones» y no aparece en la Constitución. Por parte de las asociaciones a favor del derecho al aborto, la abogada Juli Rikelman, aseguró que respaldar la ley de Misisipi supondría un «daño profundo a la libertad de las mujeres, la igualdad y el imperio de la ley».

El bloque conservador del tribunal pareció dividido entre permitir una restricción como la que plantea Misisipi o incluso ir más allá y decir que el Supremo debe ser «neutral» en este asunto , lo que supondría que quedaría en manos de los estados. Al menos 20 estados, casi la mitad del país, han aprobado o planean prohibiciones o leyes restrictivas.

La minoría liberal advirtió que tumbar un precedente solidificado durante cinco décadas es muy peligroso: «Subvertiría la legitimidad del tribunal», dijo el juez Stephen Breyer; su compañera Sonia Sotomayor advirtió de que dar la vuelta al precedente establecido pondría en riesgo la «supervivencia» del tribunal por dar la sensación de firmar decisiones como «actos políticos».

No hay duda de que la decisión tendrá impacto político. Cuando se conozca, a comienzos del verano del año que viene, impactará en plena campaña para las elecciones legislativas, en las que los demócratas se juegan conservar sus mayorías exiguas en el Congreso.