La Secretaría General Iberoamericana retira su apoyo a una práctica para alumnos inspirada en el 1-O

El Instituto Iberoamericano de La Haya presenta un caso en el que una provincia del «Reino de Napulé» llamada «Prosida» celebra un referéndum y «miembros del ejército estatal se presentaron en centros de votación, retiraron las urnas y se produjeron incidentes de violencia antes de su cierre», describe la práctica

MADRID Actualizado: Guardar
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La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha retirado su auspicio a un concurso de simulación judicial inspirado en el 1-O organizado por un instituto apoyado por La Haya.

ABC se ha puesto en contacto con la SEGIB, que ha señalado que solo se ha retirado el auspicio para esta edición del concurso pero que sigue la relación con la institución organizadora de la prueba, el Instituto Iberoamericano de La Haya para la paz, los derechos humanos y la justicia internacional. La SEGIB les ha enviado una misiva en la que les explica los motivos del fin del auspicio aludiendo a que se ha elegido «un caso conflictivo asumiendo posiciones que pueden llevar a confuciones y malos entendidos».

«Comprendemos que se trata de un caso hipotético y el sentido del concurso, pero como usted sabe la SEGIB es un organismo intergubernamental y de ninguna forma puede asumir auspicios a actividades que pudieran llamar a confusión a países miembros del organismo o a la opinión pública respecto del posicionamiento del organismo sobre cuestiones que puedan vincularse con los asuntos internos de los paises miembros», señala la SEGIB en la carta enviada al instituto.

En la práctica se presenta un caso contra «Juan Andrés Dudoc» (supuestamente Rajoy), presidente del gobierno del «Reino de Napulé» (supuestamente España). En los antecedentes de hecho se narra que una provincia de Napulé llamada «Prosida» (supuestamente Cataluña) celebra un referéndum el 1 de junio de 2011. Ese día, «miembros del ejército estatal de Napulé se presentaron en 470 de los 960 centros de votación en la provincia de Prosida, impusieron el cierre y retiraron las urnas. Además, en 86 de los centros de votación, se produjeron incidentes de violencia antes de su cierre. Los militares golpearon a las personas que se encontraban en el recinto, causándoles lesiones de varios niveles de gravedad», señala la práctica.

El contenido de la práctica fue duramente criticado por el Foro de Profesores, creado para «defender la unidad de España y el estado de Derecho», dice su creador Alfonso Valero, y decidieron enviarle una carta la semana pasada al citado instituto lamentando el contenido del ejercicio.

No es Cataluña sino Georgia, dice el instituto

El instituto respondió a la misiva este miércoles y explican que el concurso se hace con casos hipotéticos escritos «por un grupo de profesores con amplia experiencia en el desarrollo y aplicación del Derecho Internacional Penal» basándose «situaciones ficticias» aunque, en todo caso, incluye «elementos que guardan correlación con la situación en Georgia ante la Corte Penal Internacional», así como referencias a la presunta deportación de miembros del pueblo Rohingya de Myanmar a Bangladesh.

Rafael Arenas, miembro del Foro de Profesores y catedrático de derecho internacional privado de la Universidad Autónoma de Barcelona ha explicado por qué cree que el caso alude a Cataluña y no a Georgia o Myanmar. «Todo está montado sobre una plantilla que es claramente el caso que sucedión en Cataluña contado desde la perspectiva nacionalista porque las coincidencias son muchas: un país que se forma a partir de cinco condados que eran independienrtes, que en el siglo XVIII uno de los paises acaba conquistando a los otros, así como el hecho de que el movimiento independiendista crece con la crisis economica porque creen que contribuyen fiscalmente más de lo que les toca. También el hecho de se intentaron negociaciones para conseguir más autonomía y que ante la negativa se convoca una referéndum para acabar con un envío de unidades "militares" dice la práctica a los centros de votación, etc», señala Arenas. «La práctica añade exageraciones como violaciones, muertes, para que sea un caso ante la Corte Penal Interncional pero está claro que la plantilla parte de Cataluña».