Los sanitarios de Baleares deberán acreditar conocimientos de catalán para no ser discriminados profesionalmente

Tal como avanzó ayer martes la presidenta del Ejecutivo regional, la socialista Francina Armengol , se rebajará finalmente la exigencia de catalán requerida en la sanidad pública, si bien se penalizará profesionalmente a los médicos y enfermeros que con el tiempo no acrediten un mínimo conocimiento de la lengua catalana. En ese sentido, Fuster ha confirmado este miércoles que para poder presentarse a oposiciones en la sanidad pública balear no será necesario tener ninguna titulación específica previa de catalán. Esto supone un cambio significativo con respecto a la postura mantenida en estos últimos meses por el Govern, que consideraba innegociable el requisito del catalán para poder tener la opción de presentarse a unas oposiciones.

Finalmente, la preceptiva titulación lingüística se podrá conseguir en un plazo máximo de dos años a partir del momento en que un profesional haya conseguido una plaza en las oposiciones a las que se haya presentado. En el primer borrador del decreto estaba previsto que los médicos y enfermeros deberían acreditar un nivel B2 —avanzado— de catalán, pero finalmente será suficiente con tener un nivel B1 —básico— de dicho idioma. Si transcurridos los dos años citados ese nuevo funcionario sanitario no pudiera acreditar el nivel B1, no podrá participar entonces en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional. Esta penalización no afectará al personal eventual ni tampoco al que hubiera conseguido una plaza en oposiciones anteriores.

Cabe recordar que en la presente legislatura Armengol gobierna en Baleares gracias al apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como al aval parlamentario de Podemos y de MÉS por Menorca. La posición de los socialistas con respecto a la exigencia del catalán ha sido normalmente más flexible que la de sus socios ecosoberanistas. De hecho, el pasado verano el Servicio de Salud había dictado una resolución inicial en la que dispensaba del conocimiento del catalán a médicos y enfermeros. La presión de MÉS obligó al PSOE a retirar dicha resolución y a aceptar la redacción de un decreto lingüístico, que es el que hasta ahora aún no se ha podido aprobar de manera definitiva por las recurrentes divergencias entre ambas formaciones.

El primer borrador del controvertido decreto fue aprobado en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada en noviembre del pasado año, pese a la oposición del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y el Sindicato de Enfermería (Satse), mayoritarios en el sector. Ambos sindicatos, que defienden que el catalán debería ser sólo un mérito , anunciaron que impugnarían el mencionado decreto en caso de que entrase en vigor sin ningún cambio con respecto a su redacción originaria. Armengol reconoció ayer en la Cámara regional que la primera propuesta de decreto no tuvo «el consenso suficiente».

Tanto Simebal como Satse han hecho en las últimas horas una primera valoración sobre la nueva propuesta de decreto. Ambos sindicatos valoran positivamente los cambios introducidos con respecto al primer borrador presentado en noviembre, si bien Simebal insiste en que el catalán debería ser un mérito y no un requisito. Dicho sindicato cuestiona además que en la nueva propuesta de decreto se limite la posibilidad de que los nuevos funcionarios sanitarios puedan optar a la movilidad y la carrera profesional en caso de que no consigan acreditar el nivel B1 de catalán en el mencionado plazo máximo de dos años. Por todo ello, en principio Simebal votará en contra del nuevo borrador. Satse, por su parte, ha sido menos crítico con el nuevo borrador, pero quiere estudiarlo a fondo antes de decidir si finalmente lo apoya o no. En principio, el texto presentado hoy a los sindicatos será sometido a votación el próximo viernes, en una reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad.

Por lo que respecta a los partidos de la oposición, la portavoz del PP en el Parlamento regional, Marga Prohens, pidió ayer a Armengol que el Govern no apruebe el mencionado decreto. Prohens acusó a la presidenta de gobernar «a base de improvisación» y de crear problemas «donde no los había». Por su parte, el portavoz de Cs, Xavier Pericay, ha señalado este miércoles que la modificación del primer borrador del decreto es un paso «hacia el sentido común», pero en cualquier caso « insuficiente ». El PP y Cs quieren que el catalán sea sólo un mérito y no un requisito en la sanidad pública.

Más allá de las divergencias que habían mantenido desde hacía más de medio año el PSOE balear y MÉS por Mallorca con respecto a cómo debía ser el futuro decreto, lo cierto es que en los últimos meses la futura norma había generado una creciente controversia a nivel social. Así, Satse de Baleares confirmó el pasado mes de diciembre la marcha de decenas de enfermeras de Ibiza ante la inminente aprobación del citado documento.

Fue también en diciembre cuando unas 2.000 personas participaron en Mahón, capital de Menorca, en la manifestación convocada por la plataforma civil ciudadana Mos Movem (En Marcha) bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas». Para el próximo 18 de febrero está convocada otra movilización por parte de Mos Movem en esa misma línea, que en este caso se celebrará en Palma. Una representación de Mos Movem asistió ayer al pleno celebrado en el Parlamento balear. La manifestación convocada para el domingo de la semana que viene se mantendrá, pese a los cambios que ahora introducirá el Govern en el futuro decreto lingüístico.

Por su parte, la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) de Baleares y la Asociación de Diabéticos de las Islas Baleares (ADIBA) emitieron el martes de la pasada semana un comunicado conjunto para manifestar que sus socios, que padecen enfermedades crónicas, estaban «muy preocupados y muy alarmados ante la imposición de la acreditación lingüística como requisito en la sanidad». Posteriormente, el pasado viernes, el presidente del movimiento ciudadano Valores en Baleares, Juan José Tenorio, registró en el Parlamento regional una proposición no de ley en la que se pide que los partidos políticos insten al Govern a que «impulse la paralización del decreto del catalán».