Los extranjeros tendrán que residir dos años para acceder a la lista de trasplantes en España

Para proteger al sistema, el Ministerio de Sanidad tiene previsto poner un tiempo mínimo de residencia para acceder a la lista de espera de trasplantes, una de las joyas de la corona de la sanidad española. Previsiblemente, durante el pleno del Consejo Interterritorial de Salud propondrá a las consejeros que los extranjeros justifiquen más de dos años de empadronamiento antes de aspirar a un nuevo órgano.

Los trasplantes son uno de los temas más sensibles del acceso indiscriminado a la sanidad pública. No solo por el elevado coste de las intervenciones en un país líder en estas cirugías, sino por la escasez de los órganos. Preocupa que un acceso indiscriminado pueda animar a ciudadanos de países ricos a buscar este tipo de intervención en la que España es líder mundial.

Además de los trasplantes, Sanidad pretende blindar la tarjeta sanitaria para que los extranjeros que estén de paso en nuestro país utilicen este documento como llave de acceso a otros sistemas sanitarios europeos . «La asistencia sanitaria no generará un derecho a la cobertura de la asistencia sanitaria fuera del territorio español financiada con cargo a los fondos públicos», indica el documento de trabajo que hoy discutirán. Tampoco podrán exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen, aunque sin especificar cómo.

Se establece que los extranjeros sin residencia en España tendrán derecho a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que una persona con nacionalidad española. El Ministerio de Carmen Montón ha establecido que paguen el 40 por ciento de las medicinas que les sean recetadas. Este copago farmaceútico es similar al que ahora pagan los ciudadanos españoles con una renta inferior a 18.000 euros anuales, pero un 10 por ciento inferior que el de los ciudadanos activos.

Aunque el Gobierno también quiere revocar los copagos farmacéuticos que estableció el anterior gobierno y el cálculo actual puede cambiar. Esto implicaría un copago generalizado de un 40 por ciento para los activos y la gratuidad de todos los medicamentos para los pensionistas.

Los gobiernos regionales, que pagan y gestionan su sanidad, están muy preocupadas por el llamado «turismo sanitario gratuito», el de ciudadanos de países de la Unión Europea que se desplazaban a España para recibir asistencia sanitaria por ser más económica y segura que en sus países de origen. Por eso han pedido a Sanidad que establezca fórmulas para controlarlo y un criterio asistencial único para todos los territorios.