Sanidad tardó cuatro días en alertar públicamente del brote

Carcedo esperó a hacerlo ayer, a su vuelta de Asturias, donde este mes de agosto se ha dejado ver en numerosos actos públicos. La Agencia de Seguridad Alimentaria también publicó ayer su primera información sobre la intoxicación en su página web, pese a que las asociaciones de consumidores llevaban días pidiendo al Ministerio de Sanidad que declarara una alerta nacional porque era un brote difícil de contener en Andalucía. Hasta la fecha la intoxicación alimentaria ha dejado un rastro de casos que afecta a Asturias, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Extremadura y Madrid.

Los afectados de otras comunidades autónomas son personas que consumieron el producto durante sus vacaciones en Andalucía. Pero también han llegado partidas por canales de distribución diferentes a los de la empresa fabricante.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Sanidad información clara y precisa sobre los establecimientos que han vendido el producto. La OCU cree que solo así se puede poner fin a la incertidumbre de los consumidores que han consumido este tipo de producto en establecimientos de restauración, sin saber la marca que estaban ingiriendo. «Esta falta de información provoca incertidumbre entre los consumidores y puede dificultar la detección y tratamiento rápido de los posibles afectados», señalan en una nota.

La organización Facua también ha constituido una plataforma de afectados y ha anunciado que emprenderá acciones judiciales por la contaminación para depurar responsabilidades y reclamar indemnizaciones.

La organización exige responsabilidades a la empresa de la marca «La Mechá» por los daños causados a los cientos de afectados y recuerda que tienen derecho a una indemnización por los daños sufridos.

La empresa podría hacer frente a una sanción por una conducta constitutiva de infracción administrativa en materia de seguridad alimentaria al haber causado un riesgo para la salud. Este tipo de infracciones se pueden penalizar con multas que van desde los 5.000 a los 600.000 euros , en función de la gravedad. Será la Junta de Andalucía la que deberá decidir la cuantía de la sanción correspondiente.

El Ministerio Fiscal podría valorar también si se ha cometido un delito que podría conllevar una pena de uno a cuatro años de prisión.