Sanidad pactará con las autonomías el copago de medicamentos por renta

Por primera vez se introducirá la progresión en el pago de medicamentos, un concepto más democrático con el que se pretende que los ciudadanos con rentas más altas paguen más que los que tienen menos recursos. Ahora, salvo enfermos crónicos y jubilados, todos los ciudadanos pagan el 40% del precio de las medicinas recetadas en la sanidad pública. No importa el nivel de renta. Con la reforma sanitaria, todos los españoles pagarán según sus recursos. La medida parece, en principio, más justa porque aliviará el gasto de los parados —que ahora pagan el 40% de sus fármacos— y cobrará un porcentaje a pensionistas con rentas elevadas. La clave está en cómo hará el Gobierno el cálculo. Con toda probabilidad, se pondrá un tope anual para no penalizar a los enfermos crónicos. De momento éste será el único copago. No se plantea aún el cobro por consulta y servicios sanitarios (cobro por hostelería), a pesar de que comunidades como Cataluña lo han pedido.

Se pretende acabar con situaciones irregulares que son un secreto a voces. Como el de ciudadanos europeos, con vivienda en nuestro país, que son tratados en sus países de origen con cargo a la tarjeta sanitaria española y tarjetas emitidas a emigrantes sin recursos de paso por nuestro país. Muchas de estas irregularidades han sido recogidas en el último informe del Tribunal de Cuentas. En él se revelan un largo cúmulo de irregularidades que lleva a un uso indebido del sistema sanitario por extranjeros. Millones pendientes de cobro, uso indebido de la tarjeta europea o retrasos en el cobro de las facturas. Sanidad confía en ahorrar mil millones anuales mejorando el control.

La tijera sanitaria eliminará transportes sanitarios que no sean imprescindibles. Se recortará, por ejemplo, el traslado en ambulancia de pacientes para tratamientos de rehabilitación que utilizan muchos mayores.

Estos tratamientos, como las operaciones de cambio de sexo, no desaparecerán de la cartera de servicios. Se seguirán financiando, pero se vigilarán con lupa. Se restringirá su práctica y se limitará al máximo. En el caso de la vasectomía y de la ligadura de trompas, no se cubrirán como anticonceptivo. Para que lo cubra la Sanidad se deberá justificar la existencia de una patología o el riesgo de transmitir a la descendencia una enfermedad. En los tratamientos de fertilidad se reducirá el número de intentos de las parejas. El objetivo es atender el mismo número de patologías que ahora se atienden, pero marcando prioridades.

En lugar de que cada consejería de sanidad o cada hospital negocie un precio con cada uno de los laboratorios para medicamentos y suministro hospitalario, se pretende contar con una central de compras. Fuentes del Gobierno, estiman que solo con esta propuesta se ahorraría hasta el 10 por ciento de los 7.000 millones.

Dejarán de financiarse medicamentos considerados obsoletos. Y también se estudiará dejar de financiar medicamentos baratos utilizados en el tratamiento de problemas menores como los anticongestivos, las lágrimas artificiales o los antidiarreicos.