Reacciones a la «ley Celaá»: aplaudida por los sindicatos, denostada por la concertada

El texto es el mismo que aterrizó en el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero, cuando Sánchez convocaba elecciones, por lo que el proyecto se quedaba en papel mojado. Se trata de un texto que contó con el rechazo de gran parte de la comunidad educativa por atacar a la concertada, cercar la Religión y dar alas a la Generalitat para decidir sobre el castellano en Cataluña . «Presentamos la primera pieza de un proyecto educativo que va a tener gran impacto; busca la calidad del sistema para todos, se fundamenta sobre la excelencia para todos y la equidad: nadie puede quedar atrás», defendió la ministra de Educación y FP, I sabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las reacciones a la «Ley Celaá» fueron las de esperar: aplaudida por los sindicatos (salvo CSIF) y denostada por la concertada. Francisco García , secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, dijo que «es una ley que p ermitirá recuperar calidad, equidad e igualdad de oportunidades ; acabará con los itinerarios segregadores, pondrá en valor la FP y devolverá la asignatura de Religión a su status anterior».

El presidente de CSIF Educación, Mario Gutiérrez se ha desmarcado del resto de sindicatos y ha criticado el proyecto de ley porque «nace sin negociación previa y con un déficit de 26.600 docentes y 7.000 millones de déficit en inversión educativa».

Por su parte, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), denunció que «el texto recorta los derechos de las familias, cuya libertad de elección quedará subordinada a la planificación de las administraciones, lo cual supondrá una pérdida de igualdad de oportunidades de acceso a la concertada». En la misma línea opinó Luis Centeno , secretario general adjunto de Escuelas Católicas: «Se usa el proyecto de ley para reforzar a la pública y debilitar a la concertada, aunque ambas presten el mismo servicio público. Es una ley sin visión de Estado».

Celaá fue preguntada por ABC por su postura respecto a los proyectos de decreto de Cataluña. El primero articula un proceso de admisión en el que deja en manos de la Consejería la distribución de las solicitudes en los centros, por delante de la elección de las familias. El segundo impone nuevas obligaciones a los centros concertados (el tipo de alumnado a escolarizar, prestación de servicios gratuitos o el refuerzo de la zonificación, etc), sin incrementar su dotación económica.

«Los decretos de Cataluña nacen del consenso con el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo de Cataluña)», defendió Celaá, que añadió que fueron «firmados por toda la comunidad educativa, incluida la concertada». «Lo que dice Celaá es radicalmente falso. Es cierto que se firmó el Pacto por la No Segregación, que es promovido por el Síndic de Greuges y es cierto que fueron firmados por las entidades titulares, pero el contenido del pacto no es el de los decretos», señaló Miquel Mateo , secretario general adjunto de la Fundació Escola Cristiana de Cataluña.

«La concertada, titulares y familias, firmamos el pacto y trabajamos en las comisiones que lo concretaban en medidas totalmente conscientes, ya que estamos por esta lucha contra la segregación. Pero el pacto decía que la financiación del servicio de educación de Cataluña es uno de las principales causa de la segregación. Este es el elemento que falta en los proyectos de decretos de la Generalitat y en los presupuestos. Y tampoco se puede legislar obviando o en contra de derechos fundamentales, sinó armonizar el derecho a la educación, la gratuidad y el derecho de los padres a elegir la educación que se les ha de dar a sus hijos», dijo J osep Manuel Prats, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres de Cataluña, informa Esther Armora .