Trabajadores de Oxfam prestan ayuda en uno de sus campamentos
Trabajadores de Oxfam prestan ayuda en uno de sus campamentos - ABC

Los protocolos de las ONG, en duda tras la «bacanal» de Oxfam

Los donantes piden información a las organizaciones, que han visto afectada su credibilidad

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En la sede de Oxfam en Madrid, el teléfono seguía sonando el jueves. «Por supuesto, Rosa, tiene todo el derecho del mundo a darse de baja», se oía a una trabajadora al teléfono, apenas unos minutos después de la rueda de prensa en la que la organización rendía cuentas sobre conductas sexuales indebidas. La noticia de que varios cooperantes de la filial de Reino Unido pagaron prostitutas, algunas de ellas menores, con dinero de la organización tras el terremoto de Haití ha supuesto un punto de inflexión en su credibilidad, y amenaza con extenderse al resto. Pero las fuentes del sector consultadas coinciden: las ONG son reflejo de la sociedad, y no están exentas de casos de acoso, abuso o contratación de prostitutas. Ahora toca revisar los protocolos, pero no existen fórmulas mágicas.

En España, Oxfam Intermón reconoció esta semana el despido de una persona por el pago de servicios sexuales, y sanciones a otras tres por acoso desde 2012. También Acción contra el Hambre despidió a dos trabajadores desde 2011 por contratar servicios de prostitución en Mali y Filipinas. En Médicos sin Fronteras hubo cuatro despidos y dos sanciones por seis casos de abuso sexual.

Igual que otros sectores

«Casos de abuso o acoso no he visto nunca, pero sí de prostitución en el terreno. No creo que sea más difícil de encontrar que en otros sectores», explica Gonzalo Fanjul, extrabajador de Oxfam. Para el presidente de Haití, Jovenel Moise, el caso de la organización británica solo es «la punta del iceberg», y el pasado viernes apuntaba directamente a Médicos Sin Fronteras (MSF). «Debería haber una investigación sobre otras organizaciones (...) Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras tuvo que repatriar a 17 personas por malas conductas que no ha explicado», dijo. No obstante, según recalca Fanjul, los escándalos son una excepción con respecto al número de trabajadores total de las organizaciones. «El acoso, el abuso o el machismo son una peste social de la que las ONG no están exentas», dice, en la misma línea que David del Campo, director de cooperación internacional de Save the Children. «¿Podemos garantizar que no haya explotación sexual? No, pero somos muy exigentes en la lucha contra ello».

Todas las entidades cuentan con un código ético -en el que se prohíbe toda una serie de comportamientos sexuales- y la mayoría tiene un buzón confidencial para las denuncias, pero el comité que las estudia solo emite recomendaciones. Además, en los procesos de contratación, unas piden el certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, otras no. Tampoco cruzan datos entre organizaciones -lo prohíbe la ley de protección de datos-, pero de haberse hecho quizá hubiera evitado que el belga Van Hauwermeiren dirigiera la delegación de Haití cuando siete años antes tuvo que dimitir de otra ONG por contratar a prostitutas en Liberia.

«Lo de Haití lo encaramos con dolor y nos obliga a una reflexión interna, a revisar los procedimientos», explica Guillermo González de la Torre, miembro del comité ético de la Coordinadora de ONGD en España. Las 400 organizaciones que la integran están obligadas a acogerse a su código de conducta, a rendir cuentas o a someterse a auditorías de terceros, pero no a informar sobre investigaciones o quejas internas. La Coordinadora, eso sí, tiene activado un buzón de denuncias propio, al que nunca han llegado casos de conductas sexuales inadecuadas o de abuso de poder. En los casos flagrantes que no se resuelvan internamente, el poder de la sanción de la Coordinadora se limita a la expulsión del organismo o la retirada del voto en los comités.

«De una manera o de otra, nos afecta a todas las ONG, estamos muy impresionados», dice María Alcázar, directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja. Las organizaciones, para las que su viabilidad depende de forma directa de su credibilidad, reconocen que la mala gestión de Oxfam en Haití ha puesto en duda la efectividad de sus protocolos internos. Es una «tormenta perfecta» a la que se han sumado nuevos datos. Oxfam Reino Unido, por ejemplo, volvió a contratar en Etiopía a un trabajador que había sido despedido ese año por mala conducta sexual en Haití.

También al hilo de la noticia, la exjefa de Seguridad de Oxfam, Helen Evans, amplió aún más el foco, revelando abusos sexuales a menores en sus tiendas de Reino Unido sin que hubiese respuesta. En 2014, presentó una investigación interna que concluía que un 10% de la plantilla había presenciado o sufrido agresiones sexuales. Evans llegó a recibir tres advertencias por abusos sexuales en un solo día, que iban desde coacciones hasta peticiones de sexo a cambio de ayuda. Un problema que ya denunciaba ACNUR hace más de 15 años. En 2002, un informe apuntó a más de 40 organizaciones y casi 70 individuos por abusar de los menores que llegaban a los campos de refugiados de Liberia, Guinea Conakry y Sierra Leona. La ayuda humanitaria era intercambiada por favores sexuales. El mismo sistema que denunció en 2008 Save The Children. La organización detectó abusos en los campos de Costa de Marfil, Sudán del Sur y Haití por fuerzas de paz, personal humanitario y autoridades locales.

Ampliar los mecanismos

«Esta crisis nos tiene que servir para revisar y mejorar los protocolos», asegura Alicia García, portavoz de Acción Contra el Hambre. Si Oxfam incluyó las directrices sobre la conducta sexual de sus cooperantes en 2012, su institución también ha ido ampliando los mecanismos de protección: hace 15 años crearon un buzón confidencial sobre el terreno, hace dos abrieron otro para los beneficiarios y el año pasado crearon un mecanismo para luchar contra el acoso. En los últimos días han recibido llamadas preocupadas de donantes, pero menos de las esperadas.

En cambio, denuncias como la de Andrew MacLeod, extrabajador de Cruz Roja y Naciones Unidas, sobre la impunidad y «la pedofilia institucionalizada» del sector son cuestionadas por muchos trabajadores. «Es una exageración», dice Diego Battistessa, coordinador del máster Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Nunca ha sido testigo de nada parecido y recuerda cómo se ha ido mejorando la información para los damnificados. En 2014, un cartel advertía a los refugiados en las oficinas de ayuda financiadas por ACNUR en Ecuador: «El personal no puede pedirle dinero, no puede aceptar regalos, no le puede ofender. Si en algún momento tiene alguna duda, llame a otra persona». Battistessa, al igual que el resto de responsables contactados, lamenta que el escándalo pueda acabar afectando a las 35 millones de personas que reciben ayuda de las ONG españolas.

«En Haití los mecanismos fallaron gravemente, en el momento y después. Pero si es normal ya no lo sé», dice Fanjul. Para Del Campo, de Save the Children, no se puede negar que «en situaciones de emergencia, la violencia genera violencia, y los cooperantes son seres humanos, pero [los que comenten abusos] son una minoría». Y recuerda que su organización, al igual que otras a las que ahora se piden cuentas, sufrió un bombardeo hace 15 días en Afganistán en el que murieron cuatro personas. «No somos superhéroes, pero los sacrificios que hacen los cooperantes son muchos», concluye García, responsable de Acción contra el Hambre.