Por qué los profesores españoles desconfían de las evaluaciones que se les quieren imponer

En España, «los profesores de los centros públicos (cerca del 70% del total del profesorado) son evaluados para acceder a la profesión, pero no de forma regular después», subraya en su nota la OCDE. Sin embargo, las cosas podrían cambiar en España después de que el actual ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo , haya encargado al conocido filósofo y catedrático de instituto, José Antonio Marina , la elaboración de un Libro Blanco de la Función Docente . En él, se aborda de lleno esta cuestión y ante la posibilidad de que las evaluaciones a los profesores se conviertan en una realidad, los sindicatos han reaccionado. La mayoría con desconfianza, aunque sin oponerse frontalmente; otros, abiertamente en contra. ABC ha recabado la opinión de los principales sindicatos del sector.

El presidente nacional del sindicato Anpe , Nicolás Fernández Guisado , lamenta que «se traslade la impresión de que en los centros educativos el profesorado está aislado y dejado de la mano de Dios, y no hay ni equipos directivos, ni departamentos, ni claustros, ni una inspección educativa ni una administración pública que funcione». Anpe, indica Fernández Guisado, «no se opone a la evaluación» pero sí exige que «se realice con criterios objetivos y dentro de un Estatuto Docente que regule esos incentivos». Su desconfianza viene de la experiencia del sector. «Todas las leyes de Educación han reconocido la necesidad de establecer una política efectiva del profesorado y todos los gobiernos lo han prometido y lo han incumplido », señala Fernández Guisado a ABC.

En esta línea de realismo educativo está también FETE-UGT , que considera que la evaluación del profesorado «es un buen instrumento para incentivar al docente», pero «es necesario conocer quién va a realizarla, qué se va evaluar, la finalidad que persigue, qué consecuencias puede producir y los criterios del contenido evaluativo». Su temor es que las evaluaciones acaben convirtiéndose «en un instrumento para primar a determinado profesorado con criterios clientelistas o ideológicos». En ningún caso, subraya este sindicato, «puede ser una evaluación con criterios o finalidad sancionadora».

Desde el principal sindicato de profesores de la Educación concertada, FSIE , su presidente, Jesús Pueyo , reclama «que esta evaluación se sustente en las premisas de rigurosidad y universalidad», es decir, que se aplique a todos los profesionales con independencia de si el centro es público, concertado o privado, y también que « se desvincule de las retribuciones , y más si éstas quedan asociadas a los resultados de los alumnos». FSIE considera que «la evaluación es esencial para conocer carencias y corregir desviaciones, pero debe ir ligada al progreso profesional. Mejorando el perfil de los profesionales en las aulas se logra la mejora del sistema educativo».

El nuevo presidente nacional de Educación de CSI-F , Mario Gutiérrez , rechaza de plano la afirmación de la OCDE «Afirmar de manera tan tajante que no se evalúa al profesorado, es como considerar que un profesor entra en el sistema y a partir de ahí hace lo que quiera. Y no es verdad. Existen procedimientos evaluadores iniciales y un cuerpo de Inspectores que tiene funciones de corrección y análisis durante toda su vida profesional». Incluso puntualiza que legalmente ya está establecida en nuestro país la evaluación del profesorado «en su artículo 106 de la LOE reformada por la Lomce. Por tanto es cuestión política que esto no se haga realidad y no culpa de los docentes como parece darse a entender». CSI-F Educación quiere que se establezca un Pacto de Estado que fije la formación inicial, el acceso, la carrera profesional y sus condiciones laborales a partir de un Estatuto Docente. «No es posible hablar de lo que queremos de nuestros profesores (que cumplen con lo que la ley establece) sin saber si quiera, qué Sistema Educativo pretendemos», dice Mario Gutiérrez.

Quien no está en absoluto de acuerdo con estos llamamientos a evaluar a los profesores, es CCOO . « Resulta llamativo que se piense en abrir un debate sobre el profesorado después de que los recortes se hayan llevado por delante a 32.000 profesores », subraya Francisco García secretario general de la Federación de Enseñanza de este sindicato. «Resulta llamativo –continúa diciendo Francisco García– que, en este escenario, se hable sólo de la evaluación del profesorado». Y rechaza «rotundamente» la pretensión de evaluar a los profesores «porque es injusta y arbitraria» y porque «la evidencia empírica pone de manifiesto que los estados que han aplicado políticas de pago por resultados y las han evaluado no han conseguido sus objetivos. La mayor parte de los estados abandonan esta estrategia a los pocos años por ser cara, ineficiente y hasta contraproducente porque acaba aumentando el número de pruebas hasta el absurdo».