Primera condena de cárcel en Gran Bretaña por el «fraude de la diarrea»

Los condenados en este caso son Paul Roberts , de 43 años de edad, y Deborah Briton , de 53 años. La pena mayor ha recaído sobre Roberts y la menor sobre Briton. Esta pareja había reclamado casi 20.000 libras —algo más de 22.000 euros— al touroperador Thomas Cook, alegando que tanto ellos como dos de sus hijos —de 13 y 14 años de edad— habrían sufrido una «enfermedad gástrica severa» durante dos estancias veraniegas en un establecimiento hotelero de Mallorca. La primera estancia tuvo lugar en junio de 2015 y la segunda en junio y julio de 2016. Dicha familia no formuló inicialmente ninguna queja contra el citado hotel. Además, la mujer habría dejado entrever en su perfil de Facebook que la denuncia presentada por la pareja era realmente un fraude para poder lograr dinero.

El caso derivó finalmente en el juicio que se ha resuelto ahora. En la vista oral, los dos acusados aceptaron sendos cargos de fraude . En el transcurso del juicio, la pareja se mostró muy arrepentida de su intento de estafa, lo que no evitó que el tribunal impusiera a Roberts y a Briton las penas de cárcel ya señaladas. El juez del caso, David Aubrey, señaló que con la citada condena se quiere transmitir el mensaje de que estafadores de este tipo «sólo pueden esperar ir a prisión».

Cabe recordar que el «fraude de la diarrea» ha afectado de manera especial a Baleares en estos últimos años. Precisamente, el pasado mes de septiembre la Guardia Civil detuvo en Mallorca a un total de siete personas de nacionalidad británica que formaban parte de una banda que promovía el citado fraude. La delegada del Gobierno en Baleares, María Salom , adelantó entonces que el montante global de la estafa en ese caso podría ascender a un total de unos 50 millones de euros desde 2014.

Según los investigadores del caso, los cabecillas de la trama desmantelada en septiembre actuaban de manera concertada con despachos de abogados y empresas británicas especializadas en reclamaciones de consumo. El «modus operandi» era siempre el mismo. El primer paso era contactar con «tiqueteros» en Palma y en Calviá para que intentasen captar a familias inglesas dispuestas a participar en la estafa. Los «tiqueteros» obtenían 50 libras —54,5 euros— por cada turista al que lograban convencer de que presentase una denuncia.

El argumento utilizado para persuadir a los posibles demandantes era que no sólo les sería devuelto el coste de su estancia en el hotel, sino que además podrían ganar entre 2.500 y 3.000 libras de indemnización . Los presuntos responsables de la trama se comprometían a ocuparse de todo lo relativo a la tramitación de las denuncias falsas a cambio de obtener una parte de dicha cantidad.

Una vez que los turistas implicados en el fraude regresaban al Reino Unido, presentaban una denuncia contra el touroperador al que habían comprado el paquete vacacional, aportando únicamente como supuesta prueba el tique de un antidiarreico. La actual legislación británica acababa favoreciendo que, normalmente, el hotel denunciado se tuviera que hacer finalmente cargo de todos los costes.

Sin embargo, las autoridades británicas han empezado a actuar ya de manera contundente contra el «fraude de la diarrea». Recientemente, el Regulador de Gestión de Reclamaciones de Reino Unido (CMR, por sus siglas en inglés) suspendió por primera vez la licencia de una empresa por incitar estas reclamaciones falsas en España. Además, con anterioridad a la citada pena de cárcel dictada ahora por un tribunal de Liverpool, habían empezado a imponerse ya sanciones económicas a falsos denunciantes.