La 'ley Trans' discrimina a las mujeres, según la ponencia del Poder Judicial

El borrador, elaborado por los vocales Ángeles Carmona, Clara Martínez de Careaga y Wenceslao Olea , al que tuvo acceso ABC, señala que el anteproyecto de ley «contempla medidas de actuación pública y políticas públicas» y determinadas actuaciones «que propician el sin duda indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales».

«Determina la existencia de ciertas y notables ventajas generadoras de posibles situaciones de discriminación en relación con el resto de ciudadanos y con otros colectivos que ya ostentan o que pudieran ser merecedores de idéntica protección reforzada», dice el texto, que será provisional hasta que lo debata y apruebe el Pleno del CGPJ.

Ponen como ejemplo el abordaje que hace el anteproyecto en materia de deporte, donde aprecia el esfuerzo por acabar con la discriminación de las personas trans y LGTBI pero considera imprescindible introducir las cautelas necesarias para evitar que en la práctica, se acabe produciendo una discriminación de las mujeres que no lo son, «atendida la realidad de la diferencia de las condiciones físicas existentes y de la superioridad física de la mujer transexual frente a la que no lo es».

Cuestiona, en esta línea, el diseño en sí de la ley, pues entiende que el «uso reiterado» de las normas de carácter «integral y transversal» tiene dos consecuencias directas: Que se solapan con tras leyes y que producen una «excesiva atomización del ordenamiento jurídico» al «dotar a determinados colectivos de un régimen privilegiado de protección , al margen del régimen aplicable al resto de ciudadanos, con notable detrimento del derecho a la igualdad y del principio de seguridad jurídica».

«Contempla medidas de actuación pública y políticas públicas, y contiene determinadas previsiones, que propician el, sin duda, indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación, por lo general indirecta, de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales,

En su opinión, la «loable» finalidad de proteger a las personas transexuales y LGTBI podría lograrse dejando esta ley en los «aspectos nucleares, troncales y autónomos» referidos específicamente a estas personas y que no figuren ya en otras leyes, o introduciendo modificaciones en las mismas.

El informe es asimismo crítico con la regulación propuesta en materia de cambio de sexo a efectos registrales. El anteproyecto considera legitimadas para solicitar la rectificación del sexo a todas las personas mayores de 12 años, aunque con condiciones distintas en función del tramo de edad. En concreto, podrán solicitar el cambio en el Registro sin limitación alguna los mayores de 18 años, se requerirá de la asistencia de sus representantes legales cuando estén entre 14 y 16 años de edad; y de aprobación judicial, entre los 12 y los 15 años.

Para los autores de la ponencia, que los menores de entre 14 y 16 años no requieran «más condiciones que la asistencia de sus representantes legales» para rectificar el sexo en el Registro Civil «no cumple con el principio de especial protección de los menores de edad y, en términos de proporcionalidad, con la especial primacía de su superior interés». Entienden que esa «mínima exigencia» no protege a quienes teniendo esa edad, carezcan del suficiente grado de madurez o tengan una situación de transexualidad que no esté estabilizada.

Proponen por eso que este apartado del anteproyecto refuerce la protección fijando también como requisitos una «suficiente madurez» y «estabilidad en la situación de transexualidad», los mismos que se imponen a los menores de entre 12 y 14 años; condiciones para cuya comprobación el juez deberá disponer de los oportunos informes. Proponen el expediente de jurisdicción voluntaria como el procedimiento más adecuado.

En todo caso, entienden que la regulación de los efectos del cambio de sexo en el Registro Civil contiene   «aspectos oscuros y ciertas disfunciones» en lo que afecta a la Ley Integral contra la Violencia de Género porque «no queda claro» y «no está completamente explicado». La ponencia dice que si «en recta inteligencia» cabe entender que la redacción prevé que un hombre que se inscribe como mujer no pueda librarse de las cautelares, por ejemplo, que tuviese dictadas por malos tratos, no es suficientemente específico en este punto y tampoco cuando expone qué pasaría si es ella la que transita a hombre.

«El precepto debe gozar de la calidad normativa precisa, y ha de garantizar que la modificación de la mención registral del sexo no permitirá la elusión de las obligaciones y de las responsabilidades frente a las víctimas de violencia contra la mujer«, incide la ponencia.

Algo similar ocurre con los efectos de ese cambio de sexo cuando el anteproyecto establece como norma general, que la persona podrá ejercer todos los derechos «inherentes a su nueva condición». «Aplicada a determinados ámbitos y circunstancias puede producir paradójicamente un efecto contrario a la no discriminación que se trata de evitar, dando lugar a situaciones de discriminación positiva, y un efecto contrario a la igualdad y a la proscripción de la discriminación de las mujeres» , dice la ponencia.

«Piénsese -prosigue-, por ejemplo, en el ámbito de las competiciones deportivas, o a la hora de concurrir a las pruebas físicas que se exigen para acceder a determinadas profesiones, cuando se ha transitado del género masculino al femenino. Consecuencias que, paradójicamente, pueden conducir a situaciones de discriminación de las mujeres y, por tanto, contrarias a la igualdad»