La Policía identifica a 800 turistas que participaron en el «timo de la diarrea» en Baleares

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía este viernes a través de un comunicado, los casi 800 turistas identificados presentaron reclamaciones a través de 77 despachos de abogados, «que habrían orquestado un posible entramado criminal basado en falsas reclamaciones que han generado importantes perjuicios económicos al sector turístico balear y español».

El comunicado recuerda que desde enero de 2016 hasta el final del pasado verano se han recibido en Baleares reclamaciones por un importe próximo a los cuatro millones de libras esterlinas — casi cuatro millones y medio de euros —, lo que supone un incremento de hasta un 700% con respecto al volumen de años anteriores. Esta praxis fraudulenta se produce también en Canarias y en la zona del Levante.

Las actuales actuaciones policiales se enmarcan en la denominada operación Hook, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma. Dicho Juzgado es el que investiga la comisión «de un posible delito de estafa en masa por las reclamaciones fraudulentas de supuestos problemas gástricos de turistas ingleses que viajaron a nuestro país a través de touroperadores en régimen de todo incluido».

En este contexto, cabe recordar que el pasado mes de septiembre la Guardia Civil detuvo en Mallorca a un total d e siete personas de nacionalidad británica que formaban parte de una banda que promovía el citado «fraude de la diarrea». La delegada del Gobierno en Baleares, María Salom, adelantó entonces que el montante global de la estafa en ese caso podría ascender a un total de unos 50 millones de euros desde 2014.

Según los investigadores del caso, los cabecillas de la trama desmantelada en septiembre actuaban de manera concertada con despachos de abogados y empresas británicas especializadas en reclamaciones de consumo. El «modus operandi» era siempre el mismo. El primer paso era contactar con «tiqueteros» en Palma y en Calviá para que intentasen captar a familias inglesas dispuestas a participar en la estafa. Los «tiqueteros» obtenían 50 libras —54,5 euros— por cada turista al que lograban convencer de que presentase una denuncia.

El argumento utilizado para persuadir a los posibles demandantes era que no sólo les sería devuelto el coste de su estancia en el hotel, sino que además podrían ganar entre 2.500 y 3.000 libras de indemnización. Los presuntos responsables de la trama se comprometían a ocuparse de todo lo relativo a la tramitación de las denuncias falsas a cambio de obtener una parte de dicha cantidad.

Una vez que los turistas implicados en el fraude regresaban al Reino Unido, presentaban una denuncia contra el touroperador al que habían comprado el paquete vacacional, aportando únicamente como supuesta prueba el tique de un antidiarreico . La actual legislación británica acababa favoreciendo que, normalmente, el hotel denunciado se tuviera que hacer finalmente cargo de todos los costes.

Sin embargo, las autoridades británicas han empezado a actuar ya de manera contundente contra el «fraude de la diarrea». Recientemente, el Regulador de Gestión de Reclamaciones —CMR, por sus siglas en inglés— del Reino Unido suspendió por primera vez la licencia de una empresa por incitar estas reclamaciones falsas en España. Además, este mismo mes de octubre una pareja británica ha sido condenada por un tribunal de Liverpool a una pena de 15 y 9 meses de cárcel, respectivamente, por dicho fraude. Es la primera vez que se dicta en Gran Bretaña una sentencia que implica pena de prisión para este tipo de estafa.