Terrenos donde está previsto construir el almacén nuclear
Terrenos donde está previsto construir el almacén nuclear - ABC

El CSN pide informes para ejecutar la petición del Gobierno

Los residuos nucleares cuestan 74.600 euros al día

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El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica, ha paralizado el informe preceptivo sobre la construcción del Almacén de R esiduos Nucleares (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). Sin embargo, para ejecutar la petición del Gobierno, este organismo ha solicitado internamente una serie de informes jurídicos y técnicos para ver, han asegurado a ABCfuentes del CSN, «cómo se cumple este requerimiento».

Estas fuentes señalan que esta cuestión no se abordó como punto del orden del día de la reunión del Pleno que tuvo lugar ayer, tan solo se acordó que la semana que viene se presenten estos informes.

En una carta enviada el pasado 5 de julio, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, pidió al organismo regulador que dejara «en suspenso» el dictamen, en tanto que no haya «una evaluación más detallada» de la situación energética actual. Y el CSN, explican las fuentes consultadas, no tiene nada que decir salvo acatar la orden.

El proyecto del almacén nuclear se remonta a diciembre de 2011, cuando el Gobierno del PP eligió Villar de Cañas para su construcción. Un proyecto que intentó bloquear el PSOE cuando volvió a gobernar Castilla-La Mancha. Sin embargo, el CSN aprobó en 2015 la autorización previa a su construcción, que el Gobierno no hizo suya. Este año estaba previsto que el organismo regulador emitiera un segundo dictamen sobre la autorización de su construcción. Este es el informe que ahora será paralizado.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aseguran que esta medida no significa un cambio en la postura del departamento que ahora dirige Teresa Ribera, sino una «pausa» normal tras un cambio de Ejecutivo para analizar la situación. Ribera quiere analizar la situación de cara al Plan Nacional de Energía y Clima que debe presentarse a Bruselas antes de final de año.

Mientras, la sociedad pública Enresa, que gestiona los residuos radiactivos, deberá seguir pagando una penalización a Francia por no traer de vuelta los residuos de Vandellós I, planta clausurada en 1989. Desde julio del año pasado, Enresa paga una multa al conglomerado francés Areva de 74.600 euros al día. Dicha penalización se mantendrá hasta que los residuos vuelvan a España, momento en el que serán reembolsados, salvo lo que haya costado el almacenamiento.