El Papa nombra un comisario para la basílica de San Pedro por irregularidades económicas

El nombramiento del comisario extraordinario encargado de «clarificar la administración y reorganizar las oficinas técnicas y administrativas de la Fábrica de San Pedro» se inserta en el marco de las nuevas normas para poner fin a la adjudicación «a dedo» de los contratos de mantenimiento, suministro y restauraciones de todo tipo por un volumen anual altísimo.

El registro de las oficinas, con «incautación de documentos y aparatos electrónicos en las oficinas técnicas y administrativas», realizado en la mañana del martes, fue ordenado por los fiscales del Vaticano a raíz de una denuncia del Revisor General.

Hace varios meses, otra denuncia del Revisor General llevó a practicar registros sin precedentes en la Secretaría de Estado y a la suspensión de cinco funcionarios implicados en una extraña inversión en la compra de un edificio de lujo en Londres. El caso está en manos del Tribunal del Vaticano.

La «Fabrica de San Pedro» se encarga de mantener en perfecto estado el mayor templo del mundo, por lo que trabajar junto a la tumba del apóstol Pedro -ya sea como arquitecto, restaurador, vigilante de seguridad o electricista- ha sido tradicionalmente un motivo de orgullo en muchas familias romanas, que se transmitía entre generaciones.

El problema, como siempre, proviene de repartir los contratos a los amigos y, sobre todo, de la absoluta opacidad del Vaticano en materias económicas, la mayor con diferencia entre los Estados de Europa.

A principios de junio, el Vaticano estableció por fin un mínimo de normas de transparencia interna en concursos de contratos públicos de obras, suministros y mantenimiento, adjudicados hasta entonces a capricho de cada departamento.

A partir de ahora, las contratas las adjudicará la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), pero solo entre una lista de empresas habilitadas a concursar y sin transparencia respecto al exterior, como es habitual en la Unión Europea incluso en contratos municipales a partir de un cierto volumen.

El presidente del Tribunal del Vaticano, Giuseppe Pignatone , afirmó entonces que la nueva normativa permitirá «realizar ahorros notables como resultado de una competencia más amplia y correcta entre los operadores económicos que podrán inscribirse en el Registro», al tiempo que manifiesta «un empeño renovado y decidido contra el riesgo de corrupción».

El presupuesto de la Santa Sede prevé para 2020 un déficit de 68 millones de euros en el mejor de los casos, pero que podría llegar a 146 millones por la caída de donativos si la pandemia se agrava.

A su vez, el presupuesto del pequeño Estado del Vaticano será también muy deficitario pues su principal ingreso son los Museos Vaticanos, que figuran entre los más visitados del mundo pero han sufrido un cierre de tres meses por el coronavirus y ahora están prácticamente desierto por la ausencia de peregrinos y turistas internacionales.