Las ONGs reaccionan contra el «seguro médico» de pago para los «sin papeles»

«Rechazo la póliza, la sanidad es un derecho universal que no se puede limitar ya que está consagrado en el ordenamiento jurídico», afirma Yolanda Villavicencio , presidenta de AESCO (América, España, Solidaridd y Cooperación), organización sin fines de lucro, «comprensiva del hecho migratorio, su papel dinamizador de redes de migrantes y su reconocimiento social para la incidencia en el diseño de políticas públicas»

«Esto es una estigmatización para los inmigrantes, está pagando la población menos responsable cuando se siguen manteniendo privilegios en otros sectores como la administración y la banca», agregó.

«Actualmente hay en España aproximadamente 400.000 inmigrantes ilegales, se trata de una población que no tiene dinero, que se está empobreciendo y que no podrá afrontar los gastos de un seguro médico », afirmó la presidenta de AESCO. «El problema es que los "sin papeles" no tienen trabajo para poder regularizar su situación y en un contexto de crisis es aún peor conseguirlo», señaló.

«Se produce una irregularidad sobrevenida puesto que al perder el trabajo, producto de la crisis, pierden el permiso de residencia y ya no pueden acceder a la salud», apuntó. «El mayor castigo es para el más débil»

En cuanto a los inmigrantes menores que sí van a continuar accediendo al sistema de salud de forma gratuita, para Villavicencio, « va a generarse un problema en la imaginario de muchos niños hijos de inmigrantes ilegales que han nacido aquí y que pueden acceder a la salud pública mientras sus padres no», sentenció.

Respecto al supuesto aprovechamiento del sistema sanitario, para Villavicencio, «es la población mayor de países del norte de Europa que vienen aquí a beneficiarse de la sanidad».

Para la presidenta de AESCO los inmigrantes se encuentran ante una situación de «insejuridad jurídica» puesto que «a veces incluso tienen problema los "legales" para conseguir la tarjeta».

Héctor Flores , presidente de ACICOMAR , ONG declarada de utilidad pública, se pregunta de dónde va a sacar el dinero un inmigrante ilegal pagar ese «seguro médico» de pago si en su mayoría viven en malas condiciones y no tienen trabajo y si lo hacen es en «condiciones indignas» .

«Los recortes deben hacerse en otro sector no en Sanidad» apunta Flores. Esta medida pone además a los médicos en una situación delicada. «Tendrán que acogerse a la objeción de conciencia, no pueden dejar morir a la gente porque además incurrirían en una figura penal que es la "denegación de auxilio"» señaló.

Eso sí, Flores matiza y aprueba el hecho de que se introduzcan algunas reformas. «Hasta ahora ha sido un desmadre, había gente que se traía a sus padres por una supuesta reagrupación pero solo lo hacían para que pudieran operarse aquí de forma gratuita», señaló. «Incluso hubo casos de inmigrantes que iban a los ambulatorios, obtenían medicamentos con los que luego lucraban en sus países». «Habrá que controlar, sí, pero la sanidad es para todos», sentenció.

Cristina García , responsable de comunicación de PROSALUS , ONG «por el derecho a la salud, a la alimentación y al agua» considera que «el principio de sanidad universal está más lejos con la reforma sanitaria. Los estados deben proteger a los miembros de la sociedad más vulnerables y precisamente en momentos difíciles, como cuando se atraviesa una crisis», apuntó.