Oklahoma responsabiliza a Johnson & Johnson de la epidemia de opiáceos: 479 pastillas por hora en 2017

Oklahoma, en el centro del país, no es una excepción. Lo excepcional es que un juez estatal ha sido el primero en responsabilizar de la crisis a una farmacéutica, , en una decisión por la que le obliga a una compensación de 572 millones de dólares (515 millones de euros). En los últimos años, se ha acusado a las farmacéuticas de promover el uso masivo de fármacos opiáceos, con una gran capacidad adictiva. Hasta el comienzo de la epidemia, estos medicamentos se recetaban de forma muy limitada, apenas para tratamientos de cáncer, dolores postoperatorios o enfermos terminales. Hace dos décadas, su uso se empezó a masificar para otras dolencias y, con ello se dispararon las adicciones y las sobredosis. Quienes no podían acceder a recetas buscaban alivio en la heroína o en fármacos ilegales. La epidemia es hoy la peor crisis sanitaria que vive EE.UU., en un problema que el presidente del país, Donald Trump , ha buscado afrontar, sin todavía grandes avances.

«Los acusados crearon una crisis de opiáceos que está evidenciada en el incremento de las tasas de adicción, de muertes por sobredosis y de síndrome de abstinencia neonatal en Oklahoma», dijo el juez del caso, Thad Balkman, en su sentencia. Según el juez, la fiscalía probó que la compañía actuó de forma inapropiada con una «promoción y marketing engañosos de los opiáceos».

Oklahoma es sola una pequeña porción de la epidemia de opiáceos que vive EE.UU., que llevó a que las farmacéuticas vendieran 12.600 millones de pastillas en 2012, según los datos de «The Washington Post». Desde el año 2000, 6.000 ciudadanos de Oklahoma han fallecido por sobredosis, mientras que el número de pastillas recetadas por los médicos se disparaba a las 479 por hora en 2017.

Según la fiscalía, parte de esa epidemia tiene que ver con las tácticas de venta utilizadas por Johnson & Johnson, que realizó entre 2000 y 2011 150.000 visitas a médicos para vender sus pastillas, con especial dedicación a los facultativos que más fármacos recetaban.

La fiscalía del estado inició la batalla legal contra Johnson & Johnson en 2017. Mike Hunter , fiscal general del estado, basó la demanda en que esta y otras farmacéuticas crearon una «molestia pública» -un concepto legal que se refieren normalmente a una interferencia con un derecho de la ciudadanía, normalmente en vías y espacios públicos- al llenar el estado de opiáceos y persuadir a los médicos para que los recetaran también para dolores menores. «Desarrollaron un plan para influir directamente a los doctores para que recetaran más y más opiáceos, a pesar de que los acusados sabía que el incremento de opiáceos llevaría al abuso, la adicción, el mal uso, muerte y crímenes».

Johnson & Johnson ha defendido en el juicio que todas sus actividades fueron legales, que la comercialización de estos fármacos está altamente regulada por las actividades y que los dos fármacos que vendían - Duragesic y Nucynta - representaban menos del 1% de los opiáceos que se distribuyen en Oklahoma. La fiscalía, sin embargo, también determinó que tenían un papel central en la epidemia porque venden los ingredientes a otras farmacéuticas para la fabricación del 60% del total de los opiáceos. Hunter calificó a Johnson & Johnson de «cerebro» de la crisis de los opiáceos.

La demanda incluía de forma inicial a otras farmacéuticas, que finalmente no fueron a juicio tras acordar compensaciones con la fiscalía. Purdue Pharma se comprometió en marzo a pagar 270 millones de dólares, mientras que Teva acordó 85 millones.

La compensación que buscaba la demanda era muy superior a la que concedió el juez. La fiscalía buscaba 17.000 millones de dólares para un plan de compensación para los próximos treinta años. La acción de Johnson & Johnson subía ayer con fuerza en bolsa, quizá porque se podría esperar un castigo muy superior.

La sentencia, además, será recurrida por y, al tratarse de un juzgado inferior, es posible que sea revocada en otras instancias.

A pesar de todo ello, la decisión del juez Balkman es histórica y sienta las bases para otras batallas legales en ciernes. El próximo octubre se celebrará en Cleveland (Ohio) el mayor juicio hasta la fecha sobre la crisis de los opiáceos, en una demanda de cerca de dos mil municipios, condados y tribus nativas contra veintidós productores y distribuidores de fármacos , entre quienes también se encuentra Johnson&Johnson. Los abogados que representan a la acusación aseguraron que la decisión en Oklahoma es «un hito» en la lucha contra las farmacéuticas y «un paso adelante» para las comunidades que representan.

Johnson&Johnson ha asegurado que la compañía no causó la crisis y que la decisión de Balkman no se apoya en la legalidad existente. Una de sus abogadas, Sabrina Strong , aseguró que la epidemia «aunque incluye algo de desvío de fármacos recetados, está empujada sobre todo por drogas fabricadas de forma ilegales que entran en nuestro país desde México y otros lugares».