Los obispos advierten que la eutanasia es «éticamente inaceptable» y «una derrota social»

El documento –titulado «Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida» – fue aprobado en la Asamblea Plenaria del pasado mes de noviembre y plantea que tanto la eutanasia como el suicidio asistido son «éticamente inaceptables» , suponen «una derrota social» y «no dan calidad de vida, ni calidad de muerte».

Durante la presentación del texto, monseñor Mario Iceta, presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Vida aseguró este miércoles que «no hay demanda de morirse pero sí de ser ayudado en las dificultades al final de la vida a través de los cuidados paliativos». Según explicó, «rechazar el dolor es justo y no censurable». «Por ello la medicina cuenta hoy con el suficiente conocimiento para reducir el sufrimiento», aseveró el obispo de Bilbao que también es médico. «Para eso está la medicina paliativa para aliviar el dolor y ayudar a superar las dolencias psíquicas», insistió el prelado, quien echó en falta «una ley de cuidados paliativos» ante una prestación «deficitaria».

Se estima que unos 60.000 pacientes no reciben en España los cuidados paliativos que necesitan y que solo el 10% de los niños con enfermedades terminales tienen acceso a este servicio, denunció este miércoles la enfermera Encarnación Isabel Pérez, durante la presentación del documento en la sede de la Conferencia Episcopal Española.

Monseñor Iceta además recordó que la Asociación Médica Mundial manifestó hace un mes su oposición a la eutanasia y el suicidio asistido «porque no ofrece ni calidad de vida, ni calidad de muerte». También señaló, que la eutanasia «rompe la relación de confianza entre el médico y el paciente , debilita a la familia y los lazos de la sociedad». Por ello, urgió a favorecer una «auténtica solidaridad con el que sufre».

En formato pregunta y respuesta, el documento denuncia las estrategias utilizadas por los movimientos que impulsan la eutanasia para influir sobre la opinión pública. Según señala, estos grupos siempre presentan «un caso límite», una situación terminal y dramática que «interpele la sensibilidad colectiva». También utilizan «eufemismos» para evitar expresiones como «provocar la muerte del enfermo» o «quitar la vida al paciente».

Los prelados critican además que se transmita a la sociedad la idea de que la eutanasia es «una cuestión religiosa» . Esto les permite afirmar –denuncian– que «en una sociedad pluralista la Iglesia no puede ni debe expresar sus opiniones». Sobre esta cuestión, el documento también reinvidica el derecho de los enfermos a recibir una atención espiritual. «Sería una irresponsabilidad y una injusticia que la atención religiosa de los pacientes no estuviera asegurada en las instituciones hospitalarias siendo una dimensión fundamental en la vida de las personas».

La legalización de la eutanasia es un plano inclinado, advierten los obispos, ya que la experiencia de otros países demuestra que la ley «comienza por aplicarse a casos dramáticos pero terminan expandiéndose y aplicándose a casos mucho menos graves» . Según recuerdan, en Holanda se practicó la eutanasia en 2011 a 13 pacientes psiquiátricos, mientras que el protocolo de Gröningen de dicho país, autoriza la eutanasia de niños recién nacidos con enfermedades graves. «Se puede apreciar por tanto que lo que nació como una normativa muy restrictiva se ha ido convirtiendo poco a poco, como por un plano inclinado, en una cuestión de intereses», señala.

Los obispos también critican los argumentos que se utilizan para promover la eutanasia, como el sufrimiento insoportable del enfermo, la justificación de poner fin a la vida del paciente terminal por compasión y el mal entendido concepto de muerte digna y autonomía del paciente. Según señalan en el documento, lo «más humano no es provocar la muerte, sino acoger al enfermo, rodearlo de afecto y poner los medios necesarios para aliviar el sufrimiento y suprimir el dolor y no al paciente». El obispo de Bilbao aseguró este miércoles «que la persona siempre es digna independientemente de cualquier condicionamiento» y por ello recordó que las instituciones públicas «deben servir y tutelar toda vida humana».