El Tribunal Supremo revisará durante tres días la reforma sanitaria de Obama

Los gobiernos de 26 estados, la mayoría republicanos, han presentado demandas contra la ley y, en particular, contra su parte más controvertida: la obligación de que todas las personas en EEUU tengan un seguro médico o paguen una multa por no tenerlo.

Para los republicanos esa cláusula va contra la Constitución y, por tanto, su objetivo es que el Supremo emita un dictamen de inconstitucionalidad sobre toda la ley o, en su defecto, sobre alguna de sus partes.

El Gobierno, por su lado, se ampara en la conocida como cláusula de Comercio, recogida en la Constitución y que le otorga al Congreso capacidad para regular la actividad comercial con el extranjero y entre los estados del país.

La controversia se centra en la interpretación de esa cláusula , ya que los detractores de la reforma argumentan que la Constitución da al Congreso poder para regular el comercio, pero no para «obligar» a las personas a entrar en ese comercio, en este caso a través de la contratación de un seguro de salud.

Según el Gobierno, el requisito de la obligatoriedad es un complemento de los nuevos mecanismos incluidos en la legislación y que crearán sistemas de seguros de salud asequibles para toda la población.

Sacar adelante la reforma, la mayor del sistema sanitario estadounidense en medio siglo, ha sido el principal logro del mandato de Obama que pretende extender la cobertura de seguros médicos a toda la población, porque actualmente hay casi 50 millones de personas que no tienen esa protección.

Para el Supremo, que prevé emitir su fallo sobre la Ley de Cuidado Asequible de la Salud en junio, el caso es un reto similar a su dictamen sobre las elecciones presidenciales de 2000, con el que dio la victoria al republicano George W. Bush frente al demócrata Al Gore.

El reto es mayor para Obama, dado que un dictamen en contra de la constitucionalidad del principal logro de su mandato, podría incidir en sus opciones de reelección en las elecciones presidenciales del 6 de noviembre .

La Casa Blanca ha repetido en los últimos días, en coincidencia con el segundo aniversario de la promulgación de la reforma, que confía en que el Supremo respaldará la ley .

«Estamos seguros de que la (ley) será constitucional» , ha dicho hoy el principal asesor político de la Casa Blanca, David Plouffe, en declaraciones a la cadena Fox News.

Mientras, los aspirantes presidenciales republicanos han vuelto a prometer en los últimos días, como han hecho durante toda la campaña electoral, que anularán la ley si llegan a la Casa Blanca.

No obstante Mitt Romney, el mejor situado y favorito para llevarse la candidatura presidencial republicana, aprobó una reforma similar a la de Obama en Massachusetts cuando era gobernador de ese estado.

Las encuestas reflejan que los estadounidenses están profundamente divididos sobre la reforma.

Un sondeo reciente del Pew Research Center señaló que un 47 % de los encuestados aprueba la ley y un 45 % la desaprueba, mientras que uno de la cadena ABC y The Washington Post reflejó un apoyo del 41 % frente a un rechazo del 56 %.