El exnuncio en Francia condenado a ocho meses de cárcel por «agresión sexual» a cuatro adultos

Los delitos contra tres de los demandantes fueron cometidos con bastante descaro y en público durante el desempeño de su actividad diplomática. Dos de ellos en el Ayuntamiento de París durante recepciones de comienzo de año en 2018 y 2019, y un tercero durante una reunión franco-italiana en un hotel de lujo en París.

La cuarta víctima, un seminarista, los sufrió con motivo de una misa. Un quinto agredido, alto funcionario del ministerio de Exteriores presentó denuncia pero prefirió no interponer demanda.

La condena es muy cercana a la de diez meses de cárcel suspendida -es decir, sin ingreso en prisión a menos que incurra en mala conducta- solicitada por el fiscal, y lleva consigo la inclusión del arzobispo Ventura en el Fichero Judicial nacional de Autores de Infracciones Sexuales (Fijais). Según su abogada defensora, Ventura, que vive ahora en Roma, está pensado la posibilidad de presentar recurso.

Quizá lo más interesante del caso, iniciado en enero de 2019 con la denuncia de un empleado de protocolo del Ayuntamiento de París, en es que el Vaticano levantó la inmunidad diplomática al todavía nuncio en Francia en julio de 2019 , obligándole de hecho a responder a los interrogatorios de los fiscales y a afrontar juicio en un tribunal penal de París en lugar de llamarle a Roma para una investigación más discreta y quizá más benévola. Casi ningún país accede a que se juzgue «in situ» a su embajador en activo.

Se trata de un aviso a todo el personal diplomático de la Santa Sede. Quien cometa un delito en el país de destino no será «rescatado» mediante una llamada a Roma sino que deberá afrontar la justicia del país en que se encuentre.

El caso del arzobispo Luigi Ventura, de 76 años, es muy significativo por ser un diplomático muy veterano, con experiencia de cargos en siete países así como en la Secretaría de Estado, y por una curiosa circunstancia médica.

Al margen de otros motivos, su comportamiento ofensivo se debe al parecer en parte a una «enfermedad cognitiva» , presentada como atenuante por la defensa y admitida por el fiscal hasta el punto de pedir tan solo una condena a diez meses suspendida en lugar de una pena mayor que hubiese significado el ingreso en prisión.