Nueva traba del gobierno catalán a la escolarización en castellano

Hasta hace unos meses, el procedimiento era el siguiente: los padres reclaman, primero, la escolarización en castellano ante la consejería de Enseñanza. Si esta no responde -silencio administrativo- o directamente recurre la petición , las familias elevan su solicitud al Ministerio de Educación mediante la Alta Inspección y, si cumplen con los requisitos estipulados por la Lomce, el Gobierno las avala.

Pese a tener el visto bueno del Ministerio, los padres deben adelantar el dinero de la matrícula de sus hijos, que después les es reembolsado. El Gobierno tiene dispuesta una partida para financiar la escolarización en castellano (seis millones para el curso 2014-2015 y un millón para el curso 2015-2016), dinero que, en última instancia, el Ministerio de Hacienda descuenta a la Generalitat.

Educación no tiene competencias para asignar plaza a estos alumnos en centros catalanes sostenidos con fondos públicos, ya que la Generalitat tiene el control exclusivo de la admisión de alumnos y asignación de plazas escolares . Por otro lado, estos colegios aplican rigurosamente la inmersión lingüística (se imparten todas las asignaturas en catalán, excepto Lengua Extranjera y Lengua Castellana). Solo algunos centros imparten una asignatura más en castellano. Eso supone, a la práctica, que este medio centenar de alumnos que han conseguido educación bilingüe en esta comunidad han tenido que escolarizarse en centros privados, los únicos que integran el castellano como lengua vehicular en su currículo. Escuelas como Aula, Hamelin Internacional o Sant Peter’s School, entre otros, donde las matrículas oscilan entre los 8.000 y 10.000 euros anuales- precio difícil de sostener para muchas familias-, acogen a actualmente a este alumnado.

Ante esta situación, la Generalitat decidió mover ficha y bloquear esta vía. Sus asesores legales dejaron claro a la Abogacía del Estado que Cataluña no costeará ni una sola de las solicitudes de enseñanza en castellano. Sus argumentos: que la Lomce «invade competencias autonómicas», va contra la inmersión lingüística, y que la Generalitat tiene el control exclusivo en la asignación de plazas escolares . La consejera catalana Meritxell Ruiz aseguró en el Parlament que «la Generalitat ha ofrecido a estos alumnos plazas en centros públicos y las han rechazado», lo que encendió una nueva batalla política.

El PPC y las asociaciones en defensa del bilingüismo como Convivencia Cívica Catalana (CCC) denuncian que la alternativa que les brinda la Generalitat no es válida . «Son centros que se encuentran a 40 kilómetros del domicilio de los padres y sólo ofrecen una materia en castellano», asegura la diputada popular Maria José García Cuevas. Este nuevo movimiento del Govern para frenar la escolarización en castellano, ha obligado al Ministerio a reorientar el proceso.

Desde hace unos meses, Educación aconseja a las familias que realicen sus solicitudes durante la etapa de preinscripción y pidan primero plaza en un centro público, aunque se trate de una vía muerta.De este modo, según explican a ABC fuentes próximas al Ministerio, « en caso de contencioso administrativo, los padres tienen más probabilidades de que prospere su petición, aunque acaben en un centro privado ». «Las familias ya saben ahora que tienen que pasar por el tubo de la preinscripción, un puro formalismo para cubrirnos desde el punto de vista legal», precisaron fuentes de una asociación en defensa del castellano.