Los diez puntos más conflictivos de la Lomce

La Lomce establece un reparto de asignaturas en troncales ( marcadas por el Estado ), Específicas (por las CCAA) y de libre configuración (por el centro). Muchos consideran que la cesión de un diseño curricular del 50% a las comunidades con lengua cooficial es excesivo y recuerdan que con la anterior ley, la LOE, ese reparto era del 45% para las comunidades con lengua cooficial. Los defensores de la Lomce puntualizan que esa posible cesión a las comunidades es contrarrestada por la implantación de las evaluaciones externas .

Las denominadas «reválidas» han supuesto uno de los puntos más conflictivos, especialmente en el caso de las pruebas finales de ESO y Bachillerato , realizadas por personal externo al centro y con consecuencias académicas. Sus detractores se oponen a que se hagan públicas y puedan ser usadas para elaborar ranking de centros porque consideran que las circunstancias no son las mismas en todos. Aseguran que aquellos situados en áreas desfavorecidas podrían ser estigmatizados. También critican el coste económico que supondrían. Sus defensores dicen, por el contrario, que son el mejor medio para detectar precisamente qué centros y alumnos necesitan refuerzo . En el punto medio están los que las defienden pero solo con carácter diagnóstico , no académico (que impliquen la consecución o no del título de ESO o Bachiller).

En cuarto de la ESO se abre la posibilidad de elegir entre Enseñanzas Académicas (para los que vayan a cursar Bachillerato) o Aplicadas (para los que se encaminan a la FP de grado medio). Sus detractores critican que, al igual que con las Matemáticas diferenciadas de tercero de la ESO, se esté segregando a los peores alumnos. También dicen que hay muchos centros que no ofertan todas las optativas que debieran y que eso restringe la capacidad de elección del alumno que acaba no estudiando las que de verdad querría. Sus defensores destacan que es una buena medida para reducir el fracaso escolar. En el punto medio están quienes los aceptan pero reclaman una evaluación externa única para ambos itinerarios centrada en competencias básicas y que el alumno, una vez superada, decida si sigue hacia la FP o el Bachillerato.

La FP Básica que arranca en tercero de la ESO, sustituye a los antiguos Programas de Cualificación Profesional (PCPI). Sus detractores critican que se haya concebido para «aparcar» al alumno con necesidades y mejorar los resultados de los informes PISA de la OCDE. Reclaman una Formación Profesional con más recursos. Sus defensores consideran que imita el modelo de los países con menos tasas de abandono escolar temprano y que aunque exige un examen para obtener los títulos de ESO y Bachiller, permite incluso acceder a la Educación Superior. En un término medio están los que defienden su configuración pero piden eliminar los exámenes para «reengancharse» a la ESO, puesto que esta etapa es obligatoria.

Sus detractores dicen que es el más corto de Europa porque en realidad es un año y medio, ya que la mitad del último curso se dedica a preparar la «reválida» que en la práctica va a sustituir a la antigua Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Sus defensores dicen que no hay que olvidar que cuarto de la ESO ya está concebido como un pre-Bachillerato o incluso como un primero de Bachillerato. En el punto intermedio están quienes aceptan su duración pero reclaman que un mejor aprovechamiento de los dos cursos de Bachillerato y que segundo no esté enfocado tan claramente a superar la prueba final de esta etapa. «Es casi como una oposición», advierten.

Sus detractores critican que el mayor peso de su elección recaiga en la Administración en los centros públicos y no en el claustro. Aseguran que con ello se resta libertad a los centros escolares ya que en la práctica la autoridad del director y su capacidad de decisión merma la libertad de cátedra de los profesores. Sus defensores aseguran que con ello se intenta profesionalizar la figura del centro para evitar que en los centros públicos se acabe eligiendo en la práctica a alguno de los pocos que se presentan o al que menos problema va a dar a los profesores. En medio están los que lo aceptan pero reclaman medios para formar y seleccionar a los mejores. «No todos los profesores pueden ser directores», dicen.

La Lomce refuerza que las administraciones públicas garanticen el derecho a los alumnos a estudiar en castellano , que es la lengua vehicular en todo el Estado. Sus defensores dicen que gracias a la Lomce si una comunidad no escolariza en castellano en la escuela pública, el Ministerio pagará el colegio privado a los padres. Sus detractores dicen que intenta acabar con la inmersion lingüística en comunidades como Cataluña o País Vasco. En el punto medio están los que aceptan la esencia de la disposición 38 pero recuerdan que ese punto ya estaba resuelto en el articulado de la LOE e incluso que había jurisprudencia del Supremo al respecto. Con haber encontrado el modo de que se cumpliese la LOE en ese punto era suficiente, aseguran.

La Lomce contempla que las administraciones públicas podrán convocar concurso público para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público . Sus defensores aseguran que refuerza el papel de la concertada, que no debe ser subsidiaria de la pública sino complementaria. Sus detractores critican que el suelo público es para dotación de infraestructura publica y construcción de centros públicos, no de privados, aunque después se concierten. En medio, los que se preguntan qué necesidad había de avivar un tema que ya estaba resuelto.

En Primaria y ESO es una asignatura de oferta obligatoria (no de elección obligatoria porque se puede elegir Religión o Valores Éticos) y evaluable. En Bachillerato está en un grupo de 12 asignaturas de las que los alumnos escogen un mínimo de dos y un máximo de tres. Sus defensores recuerdan que no todo el mundo comparte las tesis de Marx o de Nietshtze, y no por ello se les deja de estudiar o no se evalúa a los alumnos del conocimiento que han adquirido. Sus detractores quieren sacar totalmente la religión del ámbito educativo porque aseguran que el dinero público no tiene que financiar la «catequesis». En el punto medio están los que creen que el mínimo semanal de clases lo debería establecer el Estado, no las comunidades, para evitar desigualdades, y también puntualizan que la asignatura de Religión no tiene nada que ver con la catequesis sino con el conocimiento de una corriente que es parte esencial de nuestra Historia.

Con la polémica de la educación diferencia por sexos ocurre como con la cesión de suelo público. Para sus defensores refuerza el papel de la concertada y de la libertad de elección de los padres, mientras que para sus detractores supone una discriminación que no puede apoyarse con dinero público. En un punto intermedio están los que recuerdan que la LOE ya lo solucionaba con su puntualización del respeto a los tratados internacionales ( según la Unesco, la enseñanza separada de los alumnos atendiendo a su sexo, siempre que haya facilidades equivalentes en el acceso a la enseñanza, no puede considerarse discriminatoria ).