«No hay un problema social por los crucifijos en los lugares públicos»

- Los crucifijos en las aulas. ¿Está reñida la libertad religiosa con la neutralidad del Estado?

-No. El Estado lo que tiene que hacer es respetar y favorecer el ejercicio del derecho de la libertad religiosa personal y social, privada y públicamente. Es evidente que mostrar públicamente los signos de la propia fe y de la propia religión pertenece al derecho a la libertad religiosa.

- ¿Y cuándo se producen conflictos?

-En España todavía la fe mayoritaria es la cristiana, la profesamos el 90% de la población, pero en caso de haber conflicto hay que resolverlo no negando el aspecto positivo del derecho a la libertad religiosa sino facilitando el que pueda ejercitarse. En los colegios del Estado -que por doctrina constitucional, son neutrales, aunque tienen que estar abiertos a que los padres puedan pedir y exigir formación moral y religiosa de acuerdo con sus convicciones-, ¿cómo se resuelve el problema si se pone o no un crucifijo en las aulas? Si la mayoría de los padres lo quieren y no están en contra ¿por qué no se va a poder poner? Es necesario un sentido de colaboración, de respeto mutuo. No tiene por qué haber problemas, ni nadie tiene por qué asumir una actitud en el fondo de intolerancia.

- ¿Y en el caso de las escuelas concertadas?

-En los centros con ideario propio, el Estado no puede prohibirlo y ningún padre puede pedir que se retire, si no tendría que buscar otro colegio. De todos modos no podemos decir que haya un problema social en España en relación con la colocación del crucifijo en lugares públicos o establecimientos del Estado.

- ¿Qué aspectos dificultarían el Pacto de Estado por la Educación desde la Iglesia?

-Tenemos una base común, incluso de naturaleza jurídica, que no obliga a discutir cuál es el fin y en qué consiste el proceso educativo del niño en sus distintas etapas para llegar a un pacto educativo. Si se parte, se respeta y se lleva a cabo lo que dice la Constitución, donde el principio de libertad de enseñanza y el principio de derecho de todos a la enseñanza está claramente establecido y suficientemente determinado no tiene por qué haber dificultades. El pacto de Estado debería volver a centrarse en la aplicación real, verdadera y plena del artículo 27 que ya fue fruto de un pacto político entre los dos grandes partidos de entonces. Si ahora hay que hacer un pacto debería ser para la adecuada y plena aplicación de ese artículo.

- ¿Qué frutos tendría sobre la educación si se llevase a cabo como usted plantea?

-El sistema educativo adquiriría de nuevo solidez, riqueza, variedad y luego unidad en los fundamentos que son la teoría de los derechos fundamentales de las personas, fijados en los artículos básicos de la Constitución, sobre todo el 14. No hace falta «apurar» mucho los conceptos para llegar a un pacto, lo que hace falta es un poco de buena voluntad y de querer abordar el problema de verdad.