El mensaje antiabortista gana terreno en Estados Unidos

El congreso de Alabama ha aprobado una ley que ilegaliza completamente el aborto con la única excepción de riesgo grave para la vida de la madre. Ohio y Georgia han prohibido la interrupción del embarazo desde el momento en que los médicos detecten un latido de corazón en el feto, algo que según los expertos puede suceder a partir de las seis semanas. Utah, un estado con mayoría mormona, ha impuesto un límite de 18 semanas. Misuri ha reducido el plazo a ocho semanas . En todos los casos, los médicos que practiquen abortos son susceptibles de condenas similares a las de homicidio , con penas de cárcel de hasta 99 años en el mayor de los casos.

Todas estas leyes o bien han sido impugnadas en los juzgados o bien acabarán en ellos en los próximos días. Eso no es un problema para quienes las han aprobado. De hecho quieren que acaben en los juzgados para, apelación tras apelación, llegar a la corte suprema, y que esta reexamine su decisión de 1973, conocida comúnmente como Roe v. Wade. Lo explica Carol Tobias, presidenta del grupo Derecho a la Vida: «Nuestros esfuerzos para educar a América sobre la condición humana de los nonatos, y nuestros esfuerzos para que se aprueben leyes a favor de la vida están teniendo un gran resultado a la hora de alejar a nuestra nación del legado mortal de Roe v. Wade».

Cada año se practican 900.000 abortos en EE.UU. según datos de las autoridades sanitarias. Las últimas encuestas revelan que sigue habiendo una clara mayoría de norteamericanos que opina que el aborto debe ser legal. Según el prestigioso centro de análisis sociológico Pew Research un 58% de los norteamericanos cree que debe seguir siendo legal y un 27% opina que debe ser prohibido en todos o casi todos los supuestos. Según el mismo sondeo, efectuado en octubre de 2018, entre los votantes republicanos y conservadores sí hay una clara mayoría que se opone al aborto, de hasta un 66%. Es llamativo, además, que atendiendo a grupos religiosos, los protestantes sean quienes más se oponen a la interrupción del embarazo y que un 51% de católicos piense que debe ser legal en la mayoría de supuestos.

Donald Trump, que durante casi toda su vida pública se definió como favorable al aborto, cambió de opinión al presentarse a las primarias del Partido Republicano. Desde entonces se ha convertido en el mayor abanderado del llamado movimiento pro-vida, sobre todo con sus candidatos para el Tribunal Supremo. En su corta presidencia ya ha tenido vacantes en dos de los nueve puestos, y para ambos ha elegido a los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, que en sus dilatadas carreras han expresado su disposición a revaluar la legalidad de las interrupciones del embarazo.

El fin de semana, el presidente norteamericano puso en evidencia cuánto ha logrado cambiar el debate político sobre la interrupción del embarazo al identificar las opciones ya no entre quienes están a favor o en contra del aborto sino entre aquellos que están a favor de una limitación total o parcial de este. «Soy claramente pro-vida pero con tres excepciones : riesgo para la vida de la madre, incesto y violación», dijo Trump en Twitter. Algunos líderes nacionales republicanos, como el senador y candidato a la presidencia en 2012 Mitt Romney, se han manifestado en la misma línea en días recientes.

Otros han decidido acompañar la campaña iniciada en los Estados con iniciativas legislativas que buscan limitar las opciones que una madre pueda tener para interrumpir su embarazo. El senador republicano Marco Rubio ha solicitado formalmente a la Casa Blanca que revele qué fondos públicos se destinan a organizaciones que ayudan en la práctica de abortos, como Planned Parenthood. La administración de Trump ya ha restringido las ayudas humanitarias que destina a organizaciones de ayuda para el desarrollo que ofrecen abortos o trabajan con clínicas o médicos que los practican.

Esta estrategia ha provocado airadas reacciones por parte de los demócratas, cuya parcela de poder es la cámara baja del Capitolio. Su presidenta, Nancy Pelosi, asegura que las nuevas leyes aprobadas «son una violación clara e intencional de la constitución que pone en peligro la salud de un número incontable de mujeres y que debe combatirse».