La mascarilla: crónica de una desescalada marcada por las contradicciones

Fue el pasado 26 de febrero, con la aparición de los primeros casos en España cuando el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón , hizo un primer llamamiento a la calma asegurando que, en ese momento no era necesario que la población utilizara el tapabocas. «El uso de las mascarillas sí puede ser interesante e n la población que tiene sintomatología , pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarilla en casa», dijo entonces. Lo cierto es que en ese momento, el sistema sanitario se enfrentaba a una gran crisis de desabastecimiento a nivel mundial, por lo que una medida de tal calado no se podía hacer obligatoria hasta que el suministro estuviera garantizado.

La falta de una evidencia científica sobre su uso para contener el virus durante los primeros meses fue recogida por el Ejecutivo, que trasladó hasta el mes de abril su mensaje sobre la baja utilidad entre la población sana . Aunque para mediados de ese mes ya fue recomendado como un producto «altamente recomendable» en palabras del por aquel entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, su obligatoriedad fue entonces descartada y la apuesta fue por concienciar a la población sobre su uso.

El Ejecutivo empezó a repartir las mascarillas que, poco a poco, iban llegando procedentes del mercado internacional y de las plantas de producción españolas. El objetivo era que las utilizaran aquellas personas que utilizaban transporte público y se desplazaban para acudir a su puesto de trabajo. También se estableció un precio máximo para la mascarilla quirúrgica, la más extendida, de 0,96 euros la unidad que posteriormente fue establecido en 0,72 euros .

En el mes de mayo de 2020, con la llegada de la obligatoriedad de utilizarlas en el transporte público se volvieron a repartir más unidades de estas mascarillas en los sitios con trasiego de personas. El 17 de mayo de ese mismo año fue María Jesús Montero , la ministra portavoz del Gobierno fue la encargada de anunciar tras el Consejo de Ministros que la prenda pasaba a ser obligatoria en los lugares públicos, en espacios cerrados o cuando no se pudiera garantizar la distancia social. Entre las excepciones se encontraban las personas con enfermedades respiratorias, con discapacidad o dependencia, los que practicaban ejercicio individual al aire libre o causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Por aquel entonces, el Gobierno estableció el incumplimiento de la obligación como una infracción leve y sancionado con multa de hasta 100 euros.

Con los diferentes brotes de coronavirus que llegaron en el verano, muchas comunidades autónomas decidieron ir más allá de la normativa del Ejecutivo endureciéndola. Esto dio lugar a 17 escenarios diferentes, ya que cada región estableció sus propias normas.

No fue hasta el 30 de marzo de 2021 cuando el Gobierno convirtió en obligatorio el uso de la mascarilla para todas las personas mayores de seis años en todo el territorio español, independientemente de si se puede mantener o no la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros que hasta ahora estaba establecida como excepción. «En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público».

Con la llegada del verano y el avance de la vacunación, muchos presidentes autonómicos ya habían anunciado que suprimirían la obligatoriedad de portar mascarilla en los espacios al aire libre este mismo verano. Finalmente, ha sido el propio presidente del Gobierno el que ha anunciado la celebración de un Consejo de Ministros Extraordinario para suprimir su uso, a pesar de que este tema estaba siendo abordado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne a los Consejeros del ramo con la ministra de Sanidad semanalmente.

Una de las polémicas con las que ha tenido que lidiar el Gobierno todo este tiempo ha sido el IVA que aplica a este material sanitario. Tras negar durante meses que jurídicamente pudiera hacerse, en noviembre cedió en su empeño de mantener el IVA de las mascarillas en el 21 por ciento. La tasa aplicable desde entonces para estos productos es del 4 por ciento después de que la presión social y, sobre todo Bruselas, colocaran al Ejecutivo en un callejón sin salida.