Más de 80 presos y seis funcionarios de Ocaña 1 en cuarentena tras el positivo de un interno

El caso de Ocaña se ha detectado después de que un interno regresara de un permiso de salida . Días después, en una posterior consulta hospitalaria se sometió a una prueba en la que dio positivo. Se desconoce dónde se ha podido producir el contagio, si en una comunicación que tuvo en la propia cárcel o en su posterior permiso.

CSIF recuerda que el pasado 16 de julio ya advirtió de la ausencia de protocolos y medidas suficientes de seguridad. «Medidas como el restablecimiento de las comunicaciones entre los internos y las visitas en las cárceles sin los protocolos de prevención adecuados ponen en riesgo su salud y la de las plantillas», señala el sindicato.

Desde CSIF, reclaman a Instituciones Penitenciarias que se reduzca el número de familiares que se comunican con los internos y el número de cabinas de comunicación y que se pospongan las comunicaciones vis a vis en las zonas que hayan dado un paso atrás en la desescalada, hasta que se cumpla con todas las garantías de seguridad.

Además, exigen que se reanuden las cuarentenas preventivas en módulos específicos para los nuevos ingresos o para quienes vuelvan a los centros tras los permisos, una medida que dejó de ser obligatoria desde el pasado 25 de junio y que les parece fundamental para reforzar la seguridad.

CSIF asegura que ya han presentado un recurso de reposición contra las medidas de desescalada en las cárceles (apertura de régimen de visitas, locutorios, permisos…) porque «no se ajustan a derecho ni garantizan la seguridad e higiene en un momento tan complicado».

En concreto, denuncian que n o se está garantizando la separación obligatoria en los locutorios , no se guarda la distancia mínima de seguridad en las salas de espera de comunicaciones, por lo que «se llegan a congregar en espacios reducidos hasta 100 visitantes». «Tampoco se desinfectan paquetes del exterior ni se han instalado tomas de temperatura en todas las cárceles, entre otras actuaciones esenciales», señalan.

Consideran que las medidas para la nueva normalidad ante la pandemia son «insuficientes», por lo que están estudiando acciones legales en defensa del derecho a la protección de la salud de los trabajadores de Prisiones. En este sentido, consideran que la desescalada en los centros penitenciarios se ha abordado «de manera precipitada, como si no hubiera sucedido nada en estos meses de pandemia, y el personal afronta la situación con mucha incertidumbre ante posibles focos de contagios».