Malestar en el Supremo con el decreto del Gobierno: «Nos vamos a convertir en un juzgado de guardia»

Fuentes de la Sala Tercera expresaron a ABC su desacuerdo con que el Gobierno deje la pelota en su tejado y pretenda que sea el Alto Tribunal el que haga el trabajo que correspondería al legislador. No entienden, además, cómo apenas unos meses después de la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid, el Ejecutivo apruebe este decreto sin haber contemplado esta nueva atribución en la citada ley y sin consultar a quienes tienen que ponerlo en práctica. «Tiempo ha habido de legislar», dicen.

A eso se sumaba ayer otro motivo de preocupación: la sospecha de que uno de los magistrados de la Sala Tercera se erigiera en interlocutor con el Gobierno a espaldas de sus compañeros y del tribunal, lo que explicaría la seguridad con la que la vicepresidenta Carmen Calvo dijo que el asunto sí estaba hablado con el Tribunal Supremo. Los magistrados consultados por ABC aseguran que si esto es así, lo habría hecho a título personal.

Las fuentes citadas lamentan que el decreto del Ejecutivo «convierta al Supremo en un juzgado de guardia» porque lo que va a llegar al Tribunal van a ser supuestos de hecho , no de derecho, cuando la finalidad del Supremo es «fijar jurisprudencia, no revisar las decisiones que otros toman y que además están ligadas a evidencias científicas o a estudios epidemiológicos». Se refieren así a que cada caso que aterrice en esta Sala será único, sobre una medida concreta adoptada por una Comunidad Autónoma cuya situación sanitaria variará respecto a otra. De ahí que auguren una casuística enorme, precisamente en la que se ampara el Ejecutivo para sostener que en esta tesitura el Supremo tiene que unificar doctrina.

Otras fuentes jurídicas consultadas por ABC fuera del Alto Tribunal se muestran más optimistas y aunque reconocen que efectivamente cada medida cuestionada será distinta, sí habrá elementos comunes en los planteamientos de varias comunidades autónomas que podrá resolver el Alto Tribunal . Uno de ellos, quizá el más polémico junto con el cierre perimetral, es el toque de queda, una restricción de derechos de tal magnitud que no está claro que pueda acordar una comunidad autónoma sin una norma nacional que la avale o actuando por delegación.

Conscientes de estas posibles discrepancias, los presidentes de las salas contencioso-administrativas de los TSJ se reunieron el pasado 3 de mayo para abordar, entre otras cuestiones, las medidas sanitarias limitativas de derechos fundamentales. Según ha podido saber ABC, en aquel encuentro llegaron a la conclusión de que «urge el estudio de una reforma de la legislación sanitaria que despeje las dudas jurídicas que ofrecen las distintas interpretaciones de la normativa».De hecho, alertaron de la necesidad de unificar criterios eventuales disparidades de criterios en esta materia «posibilitando el acceso a la casación en el Tribunal Supremo». El Ejecutivo se tomó este segundo punto al pie de la letra.

Hasta el decreto que entrará en vigor el 9 de mayo la medida que adoptaba el gobierno autonómico era ratificada o no por el TSJ respectivo y ahí finalizaba el periplo judicial, que podía tener resultados dispares en Galicia o Castilla y León, por poner un ejemplo. A partir de ahora ya no será así: ante una denegación es cuando esa comunidad autónoma podrá acudir al Supremo y tener una segunda opinión.

Ante la inminencia del fin del estado de alarma y la entrada en vigor del nuevo decreto (el 9 de mayo), el presidente de la Sala Tercera del TS, César Tolosa, se reunió ayer con los presidentes de Sección de esta misma Sala para prepararse ante la nueva norma. Como primer acuerdo, en la reunión se decidió que será la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, la que se ocupa de derechos fundamentales, la competente para resolver dichos recursos de casación. La Sección estará presidida por el presidente de la Sala, el propio César Tolosa, en vez del presidente de la Sección, Pablo Lucas. Estos siete magistrados son los que han resuelto en los últimos meses los asuntos relativos a medidas restrictivas de derechos relacionadas con la Covid .

En segundo lugar, se acordó solicitar un informe al Gabinete Técnico sobre la aplicación de la Ley, un documento de carácter técnico que se repartirá a todos los magistrados de la Sala para que realicen las aportaciones que estimen adecuadas.Y en tercer lugar, se acordó establecer un canal de contacto entre el presidente de la Sala Tercera del Supremo y los de las salas de lo Contencioso-Administrativo de los tribunales superiores de justicia, ya existente para otros asuntos, con la finalidad de coordinar que se dé cumplimiento a los nuevos plazos, más cortos, que fija la reforma para resolver estos recursos.