La Ley de Igualdad de Trato modificará el Código Penal para incluir el antigitanismo como delito de odio específico

El texto ha sido apoyado por todos los grupos a excepción de Vox y PP, que han votado en contra y Junts, que no ha participado en la votación en protesta por el caso del supuesto espionaje a independentistas.

Pero, a pesar de que la Comisión de Igualdad de la Cámara baja tiene competencia plena para dar luz verde a la norma, la enmienda aprobada -en este caso con la única abstención de Vox - que habla de forma específica sobre el antigitanismo deberá ser ratificada en una votación en el Pleno del Congreso al tener carácter orgánico.

El debate ha estado protagonizado por los únicos tres diputados pertenecientes al pueblo gitano que forman parte de este órgano del Congreso: la socialista Beatriz Carrillo, el diputado de En Comú Ismael Cortés y la representante de Ciudadanos Sara Giménez. Todos ellos han celebrado lo que han calificado de «día histórico» para su pueblo.

De hecho, tal y como ha asegurado Carrillo, los tres han «llorado de la satisfacción» ante este acuerdo para una «propuesta firme contra la lucha del antigitanismo».

En concreto, la enmienda aprobada, impulsada por Unidas Podemos y Ciudadanos, y firmada por el PSOE, recoge una modificación del artículo 22 de Código Penal e incluye una nueva redacción.

«Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta», es el texto aprobado en Comisión.

Del mismo modo, la norma recoge que «quienes públicamente promuevan o inciten al odio, discriminación o a la violencia contra los gitanos y gitanas ; quienes elaboren o posean, con la finalidad de distribuir a terceras personas, escritos o cualquier otra clase de material que por su contenido incite o fomente al odio, serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses».

«También se incluirán a quienes públicamente nieguen o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad contra ellos», añade.

«Por otra parte, quienes lesionen la dignidad de las personas gitanas mediante acciones que entrañen humillación y quienes enaltezcan o justifiquen -por cualquier medio de expresión pública o de difusión- los delitos que hubieran sido cometidos contra los y las gitanas, serán castigados con una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de seis a doce meses», indica el texto.

La única formación que ha votado en contra de la propuesta de ley ha sido Vox que, a través de su portavoz en esta comisión, Lourdes Méndez, ha denunciado que supone una «menor seguridad jurídica» para los ciudadanos españoles que, a su juicio, serán «menos libres» con ella.

Para Méndez, este texto «excede lo plasmado en la Constitución» en relación a la igualdad, a la libertad de expresión o al derecho de los padres a educar a sus hijos en sus propias convicciones, entre otras cuestiones y denuncia que trata de «imponer un pensamiento único» a la sociedad y penaliza a quien difiera de este. Además, ha criticado que el régimen sancionador que recoge «atenta contra el principio de proporcionalidad.

También ha sido muy crítico con la norma el PP. En este caso su portavoz en la materia, María Auxiliadora Pérez, ha reprochado al PSOE que solo haya aceptado 6 de sus 68 enmiendas y solo aquellas relacionadas con el preámbulo. Según ha indicado la diputada, se han quedado fuera de las «mejoras» al texto medidas relacionadas con la educación, vivienda, administración de justicia o inteligencia artificial, entre otros.

Del mismo modo, Pérez ha afeado que en época de «grave crisis» se aprueben «organismos innecesarios» como el que se crea con esta ley -la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato- y cuya labor, a su juicio, «se solapa en competencias» con otros órganos, incluido el Defensor del Pueblo. Además, creen que la norma vulnera la presunción de inocencia , la separación de poderes y supone una «desproporción» entre penas y multas.

A pesar del voto a favor, PNV también ha mostrado su desacuerdo con el régimen sancionador de esta ley, al que han presentado varias enmiendas que finalmente no se han aprobado. Tal y como ha explicado su portavoz de Igualdad, Joseba Agirretxea, la penalización de las discriminaciones que se recogen en la norma deberían residenciarse en la administración de justicia y no recogerse como infracciones administrativas.

Mientras, el representante de Unidas Podemos en el debate, Ismael Cortés, ha celebrado la «altura de miras» de los grupos a la hora de negociar la enmienda sobre antigitanismo y ha agradecido que esta cuestión «trascienda» a las posiciones políticas propias «en aras del bien común». «Gana el país y gana la democracia», ha declarado.

«Es un reconocimiento a la Igualdad», ha apuntado, por su parte, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez. En su intervención ha defendido que esta norma vaya «más allá» y que no solo reclame el principio de Igualdad recogido en la Constitución, sino que también pone en marcha «herramientas» para «dar respuesta efectiva a la lucha contra la discriminación».

«Las personas gitanas nos sentimos muy orgullosa», ha apuntado, antes de agradecer, también, la «sensibilidad» hallada en «muchos grupos» parlamentarios en relación a la medida sobre el antigitanismo.

El texto ha contado también con el apoyo de ERC a pesar de que su portavoz en la Comisión de Igualdad, Pilar Vallugera, amagó con no votar en protesta por el caso de supuesto espionaje al independentismo. «Es un mal día para hablar de protección de un supuesto Estado democrático y de Derecho», ha apuntado en su intervención. Quien sí ha decidido no participar «en ninguna votación» de esta sesión como consecuencia de Pegasus ha sido la diputada de Junts, Pilar Calvo.