La ley Celaá condena definitivamente el uso del español en Europa

Cuando España accedió en 1988 al selecto club europeo introdujo una novedad lingüística desconocida hasta entonces en la Unión. España llegó con la particularidad de contar con cuatro lenguas oficiales: el español, el catalán, el gallego y el vasco . Cuatro lenguas de enorme impacto social y cultural que la Unión Europea considera que hablan como nativos alrededor de 10 millones el catalán, alrededor de 2,5 millones de nativos el gallego, otros 2 millones de nativos el vasco y el resto, algo más de 32 millones de nativos europeos, el español. Este criterio interesado debilita al español, no beneficia en absoluto al resto de lenguas cooficiales y no reconoce siquiera su estatus internacional, como hace con el inglés, la otra lengua europea internacional.

De hecho, y ante la debilidad que supone para el español que las instituciones europeas ignoren nuestro bilingüismo , en 2005 el ministro de Industria y luego president de la Generalitat, José Montilla , durante la primera intervención en la historia realizada en catalán en una reunión del Consejo de la Unión Europea afirmó que, «todos los que usan estas lenguas», refiriéndose a las lenguas cooficiales, «hablan español». Las lenguas que se hablan en España «no son lenguas que separen, sino que unen», y «el español es la lengua de todos, porque todos somos españoles». Y para demostrarlo utilizó la fórmula von der Leyen saltando con agilidad del catalán al español y viceversa durante toda su intervención.

El Real Instituto Elcano, el think-tank de estudios internacionales y estratégicos en su documento de trabajo, Hacer del español una efectiva lengua de trabajo en la Unión Europea, tarea pendiente de la política (europea) de España, argumentaba en 2009 la manera en que España debería oponerse, «a las tentativas de excluir al español, no ya como la lengua de trabajo que aun no es, sino como una de las lenguas visibles en el espacio comunitario».

Tras el Brexit, el inglés seguirá como lingua franca, a pesar de contar únicamente con los irlandeses como nativos angloparlantes. Francia, que solo cuenta con el francés como lengua oficial, la impone como segunda lengua de trabajo , dejando a su suerte lo que denomina variantes lingüísticas: el bretón, el corso, el provenzal, el occitano, el catalán, el vasco, el alsaciano o el francoprovenzal, e ignora cualquier normativa comunitaria sobre protección de lenguas minoritarias. Alemania, por su parte, recurre a sus números y suma, tras la reunificación alemana de 1990, a los habitantes de la extinta RDA, República Democrática Alemana, y a los austríacos, tras su adhesión en 1995 a la Unión Europea, para encaramarse al trio de lenguas de trabajo de la Unión Europea.

Tras la desaparición del español como lengua vehicular de la enseñanza en España y al no gozar España del estatus de socio fundador de la Unión Europea , se pierde irremediablemente nuestro bilingüismo como valioso argumento frente a las instituciones europeas y, lo que es más grave, desparece un incentivo para que los jóvenes europeos estudien español ante la perdida de relevancia del español en el mercado laboral europeo.

Requerido por distintos medios el Instituto Cervantes, la institución que por ley promociona y difunde el español y las lenguas cooficiales en el mundo, a manifestarse sobre los efectos de la ley Celaá, su director, el líder de Izquierda Unida, excandidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015 y poeta, Luís García Montero, recurrió en un principio al argumentario político: todo son ataques contra el gobierno actual, para después poner como ejemplo lingüístico el caso de los cantones de Suiza, que por cierto son 26, que no es miembro de la Unión Europea y que lingüísticamente no puede tomarse como referencia para el caso que nos ocupa. Quizás sea porque Luís García Montero no habla otra lengua europea que no sea la española, pero la perspectiva europea nos queda claro que se le escapó. No es al único.

En 2018, el político y poeta, Luís García Montero, ya consideró su nombramiento como director del Instituto Cervantes, como «un guiño a la izquierda» . Su confirmación en febrero de 2020 tras la formación del gobierno de coalición no se hizo esperar. Su estrecha relación con la también andaluza y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, lo aupó de nuevo al cargo que ocupa.

Pero la politización del Cervantes no es una novedad. El anterior secretario general del Instituto Cervantes, el popular Rafael Rodríguez-Ponga, instauró en 2012 uno de los sistemas más siniestros para controlar políticamente la institución, que Luis García Montero, solo ha hecho que reforzar. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, al que está adscrito el Instituto Cervantes, no deja de sorprenderse por su politización .

Pero ante todo que no se alteren los diplomáticos, porque peor que la politización es el abandono y la falta de liderazgo . Perdido el tren de la digitalización y con productos educativos obsoletos, la pandemia solo ha hecho que acelerar su deterioro y a este paso el Instituto Cervantes desaparecerá del panorama educativo como ya lo ha hecho del panorama cultural. Direcciones en otro tiempo dinámicas e innovadoras como lo fueron las de cultura o académica languidecen. Las actividades culturales hace años que han desaparecido de los medios en Europa, no así las de la sede central de la calle de Alcalá en Madrid donde Luís García Montero gusta de dictar clases magistrales sobre ilustres escritores y poetas españoles de los siglos XIX y XX.

Con todo, el proyecto de abrir un centro del Instituto Cervantes en el centro de Barcelona vuelve a tomar fuerza para que, tal y como ha hecho la Generalitat de Catalunya con el Centre cultural-Llibreria Blanquerna frente a la sede del Instituto Cervantes en Madrid, asegurar la presencia del español en Cataluña.

Como me dijo el actual director del centro de Estocolmo, Alberto Gascón Gonzalo, a los pocos meses de incorporarse a su puesto, «esto habría que cerrarlo», ajeno al objetivo principal del centro, el porfolio Premio Nobel, que con la apertura del centro de Estocolmo se puso en marcha y que sirvió, entre otras cosas, para apoyar la candidatura a la posterior concesión del Premio Nobel de Literatura de 2010 a Mario Vargas Llosa.

Gaspar Cano Peral, expresidente del Cluster EUNIC Berlín, que reúne a los institutos culturales nacionales europeos, fundó en 2005 y dirigió el Instituto Cervantes de Estocolmo y dirigió el centro de Berlín entre los años 2007-12.