Las lenguas cooficiales, un blindaje para acceder a una plaza pública

El euskera se valora más que 15 años de experiencia en el área

La « euskaldunización » constituye una de las materias fundamentales del programa del Gobierno vasco para la presente legislatura. Un debate que afecta a todos los estamentos de la sociedad y que, dada la heterogeneidad del País Vasco, no está exento de polémica. Ni siquiera los servicios sanitarios han esquivado el influjo de la lengua autonómica, que, si bien no es un requisito indispensable para superar las pruebas de entrada a la plantilla, en algunos casos fue motivo de exclusión de los aspirantes: «Es una clara discriminación contra quienes no dominamos el euskera», asegura A.D.D, a quien no le sirvió de nada aprobar la Oferta Pública de Empleo (OPE) del pasado curso por no tener acreditado el «Perfil lingüístico 2».

Tal es el malestar que existe una parte de los sanitarios vascos que en 2016 se inició una recogida de firmas con el objetivo de preservar los derechos laborales de aquellos que, a pesar de haber aprobado los exámenes, fueron rechazados por no saber euskera: «Por el contrario se está contratando a personas que no han superado la OPE o que ni siquiera se han presentado a la misma en la ciudad de Vitoria, ya que existe una realidad sociolingüística diferenciada respecto a otras zonas del territorio», denunció una compañera del servicio. En la actualidad, solo un tercio de la plantilla posee un perfil correspondiente a su puesto de trabajo, según un estudio de la investigadora Bidane Petralanda.

En Vizcaya, el portavoz del PP en las Juntas Generales, Javier Ruiz , denuncia que la Diputación ha exigido este año el certificado C1 para siete de cada diez de los empleos públicos que oferta y el PL2 para el otro 30%: «Los requisitos son desproporcionados», lamenta el mandatario popular, que recuerda que se trata de niveles « muy avanzados » que, en algunos casos, son equivalentes «a una licenciatura de Filología vasca», lo cual supone un «abuso». De hecho, el año pasado solo el 25% de los 12.000 aspirantes que se presentaron al C1 lograron aprobar.

En la televisión vasca y la Ertzaintza también se ha llevado a cabo una «discriminación positiva» en favor de los que se manejan con la lengua autonómica. De la mano del ahora presidente del PNV, Andoni Ortuzar , la EiTB fue objeto de un lento proceso de adaptación del ente público que alcanzó su punto álgido en 2015, cuando empezó a exigir a sus trabajadores altos conocimientos del euskera.

La carencia de conocimientos de la lengua en la Ertzaintza fue también objeto de polémica en la Cámara vasca, donde este verano EH Bildu llegó a reclamar que los agentes presentaran su acreditación del L2 –en la actualidad se pide el L1– antes de optar al puesto.

El gallego «como mérito y no como requisito eliminatorio»

«Hace un montón de años que aquí no hay conflicto por este tema, entre otras cosas porque a la administración autonómica gallega viene muy poquita gente de fuera. Nuestros flujos de circulación son inversos: nuestros profesionales se marchan porque aquí no salen plazas, y lo que tenemos son muchos funcionarios gallegos pendientes de poder volver, y es así en todos los sectores, me da igual hablar de agencia tributaria, que de sanidad, que de enseñanza… », resume José Francisco Méndez , presidente de CSI-F Galicia.

La Ley de Empleo Público de Galicia regula las competencias lingüísticas exigidas a los opositores con el fin de garantizar el conocimiento de las dos lenguas oficiales que operan en el territorio autonómico. Si bien son las bases de cada convocatoria las encargadas de fijar el carácter y valoración de la prueba de gallego, como norma general, la acreditación de conocimiento de la lengua autonómica (vía examen o convalidación correspondiente) es requisito obligatorio en cada uno de los procesos dependientes de la Dirección Xeral de Función Pública.

Con algunas salvedades funcionan las convocatorias de enseñanza y sanidad: en el caso del Servizo Galego de Saúde, el gallego es obligatorio, pero no eliminatorio. En la práctica, apunta el presidente de CSI-F Galicia, «no es un requisito, sino un mérito, y un mérito con un impacto pequeño: seis puntos sobre 48, frente a los 18 que pueden llegar a aportar la experiencia profesional o la formación adicional». «Aquí no se puede aplicar eso de « se valora más el idioma que ser un buen cirujano ». Aquí pesa más ser un buen cirujano». Cuestión distinta es la educación: la obligación de garantizar competencias equivalentes en ambos idiomas convierte el gallego en un requisito indispensable en las oposiciones del cuerpo docente, capacitado para impartir materias en cualquiera de las dos lenguas vehiculares .

El grado de conocimiento exigido depende del puesto concreto al que se opte. Aunque plazas especiales, como traductores o docentes especialistas, pueden exigir pruebas especiales, el nivel de competencia requerido en el grueso de los procesos se corresponde con la certificación reconocida a los escolarizados en Galicia por el hecho de cursado Bachillerato o FP superior en la Comunidad. « Las personas que han estado escolarizadas aquí ya cuentan con la acreditación lingüística , y para las que vienen de fuera están los exámenes específicos o los cursos para la obtención del Celga de la Secretaría Xeral de Política Lingüística», indica el presidente de CSI-F en la Comunidad. «Las personas que vienen de otras comunidades ya preparan el gallego además del temario específico. No recibimos quejas, lo más que tenemos es alguna llamada interesándose por cuándo se organizan los cursos para el Celga», apunta.

«O das las clases en catalán o hay represalias»

«No les gustaba que diera las clases en castellano». Francisco Oya recuerda como la dirección de un colegio público de Navarcles (Barcelona) le estuvo perjudicando hace unos diez años por no impartir las asignaturas de Historia en catalán. Durante todo el año, ejerció allí como profesor en prácticas de 2º de ESO y 1º de Bachillerato y no tuvo problemas ni con alumnos ni con padres. «Empecé a notar cosas raras por parte de algunos compañeros y tras todo el año allí me suspendieron las prácticas», relata. «Fueron muy hipócritas porque no me dijeron nada, ni podían reprocharme el rendimiento , y al final intentaron ir contra mi por el idioma», sentencia. Como se lo intuía, Francisco se estuvo asesorando y acudió a una comisión evaluadora, que analizó su caso y le acabó dando la razón con un merecido aprobado.

Fernando conoce otros casos de docentes que han sufrido presiones, amenazas y cuadros depresivos por ejercer en castellano, pero los ve puntuales. «El conflicto es escaso porque los profesores han asimilado que tienen que dar las clases en catalán, les guste o no. Si no, saben que pueden haber represalias», denuncia.

Desplazarse a 170 kilómetros de casa para ejercer

Con más de diez años de experiencia como guía turístico oficial en la Comunidad Valenciana, a José -guarda el anonimato por miedo a represalias- le toca desplazarse semanalmente a 170 kilómetros de su casa , en Alicante, hasta Albacete para poder ejercer como profesor del Ciclo Formativo (antigua FP) de esta especialidad, «al límite» de esta autonomía, donde no le exigen el título de valenciano.

«En realidad no tienen guías y mucha gente como yo queremos trabajar dando clases a las nuevas generaciones, tenemos condiciones para formarlos -yo tengo dos carreras, dos máster- y algunos dejan de matricularse en estos cursos por no tener el valenciano, cuando además las clases son en castellano, es simplemente por cumplir con el requisito lingüístico», relata.

Tiene ofertas como profesor en centros de Alcoy y San Vicente del Raspeig, pero no le pueden contratar, pese a sus títulos de francés, inglés, italiano y portugués, por faltarle el de la lengua autóctona. « Estoy deseando aprobar el examen , es la segunda vez que lo he intentado, se me ha complicado.., el caso es que a mí me gusta», añade.

Sus alumnos, al atender luego en su vida laboral como guías sobre todo a turistas extranjeros o de otras regiones españolas, utilizan el castellano o el idioma del país de origen del grupo, raramente el valenciano.

Para María de las Nieves, profesora de Lenguas Clásicas con 39 años de edad, el requisito lingüístico ha supuesto quedar «congelada» en la bolsa de trabajo mientras «otros jóvenes con mucha menos experiencia pasan delante solo porque han nacido en zonas valencianohablantes y se han sacado el título».

A su alrededor conoce muchos casos de interinos «muy mayores, de hasta 60 años, que se han quedado en la cuneta, con 30 años de servicio y se ven en la calle y no se pueden jubilar». En total, un millar tenían la opción de aprobar un examen de repesca de esta lengua el pasado sábado 9 de septiembre en Valencia, tras una moratoria que arrancó hace cuatro años para aprenderla. «Es falso, porque hacen falta el equivalente a cinco años de escuela de idiomas más el curso de capacitación, y ahora en verano era intentarlo a la desesperada, además, al ser a las nueve de la mañana el examen, desde Alicante eso te obliga a irte el día antes, pagarte el hotel, el tren...», critica esta docente.

Lleva desde 2005 encadenando sustituciones y ante esta situación « absurda » que ha causado, a su juicio, «un perjuicio muy grande», ha oído que muchos han puesto denuncias y se quiere recurrir en Europa, que ya «tiró de las orejas» a España con una directiva por tratar de forma diferente a interinos y a fijos, ya que estos últimos no están obligados a contar con ese requisito. «Además, esa capacitación lingüística es un negocio, hay gente que se ha ido a universidades privadas y cuesta entre 900 y 1.000 euros; yo me lo estoy estudiando por mi cuenta, porque estoy en el paro y no puedo pagarlo», se lamenta.

«Han creado una crispación, unos odios que se ven en las redes sociales , de gente que como sí tiene el título hace comentarios en plan que los demás se fastidien», asegura esta profesora que está mirando oposiciones en Castilla-León, por si encuentra plaza en Ávila, cerca de Madrid: «Es una gloria, aunque te pidan el inglés».

Sobre pleitear por despido improcedente, como han hecho otros colegas suyos, casi lo descarta porque si gana, la readmiten en las mismas condiciones, pero si pierde, se queda fuera de la bolsa de trabajo.

«No nos lo exigen, de momento, aunque nos da los mismos puntos que tener una tesis y por el inglés no te dan nada», comenta Laura, dermatóloga que conoce la realidad en Elda, donde la población habla por abrumadora mayoría en castellano.

Por eso, no es de extrañar que nadie haya hecho mucho caso a «una circular que nos enviaron desde la Consejería diciendo que el lenguaje administrativo es el valenciano y que nos comunicáramos entre nosotros en esa lengua», recuerda Laura.

« Tengo una compañera sevillana que está estudiándolo porque se quiere quedar , yo empecé con ocho años, unas pocas horas, y no me resulta difícil porque lo había oído, pero me parece absurdo que nos cerremos en nuestra Comunidad», opina, al tiempo que subraya que, en su profesión, «el inglés sí hace falta».

Hasta ahora, en Elda estaban exentos al igual que otras zonas castellanohablantes del sur de la provincia de Alicante, pero con el cambio de signo político en el gobierno de la Generalitat Valenciana, « las técnicas son asustar a la gente y la ciudad de Alicante, por ejemplo, figura como valencianohablante cuando no es cierto y no es la misma realidad que en pueblos del interior donde sí se habla».

Baleares, una década de controversias lingüísticas

En Baleares, las controversias de carácter lingüístico existen desde hace ya varios años, si bien ha habido cambios importantes entre la pasada legislatura y la actual. En el mandato 2011-2015, el presidente José Ramón Bauzá (PP) aprobó el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) , un decreto polémico que preveía la implantación progresiva de un sistema de enseñanza trilingüe en los colegios. Enla práctica, El TIL iba a suponer el fin de la inmersión lingüística en catalán. Bauzá modificó la Ley de la Función Pública, para que el catalán pasase a ser considerado un mérito y no un requisito para ser empleado de la Administración, con la excepción del personal docente.

Ambas medidas fueron derogadas por la nueva presidenta, la socialista Francina Armengol y el catalán ha vuelto a ser de nuevo un requisito para los empleados públicos que deseen trabajar en Baleares, tal como establecía ya la originaria Ley de la Función Pública .

En la actualidad, la exigencia del catalán está despertando reticencias. El personal sanitario es muy beligerante contra el Govern , al entender que para ejercer en Baleares no se puede fijar como requisito el conocimiento de la lengua catalana. Algunos sindicatos creen que se dificulta que se puedan cubrir plazas vacantes o que se pueda dar una atención adecuada a los pacientes. Tras varias semanas de negociaciones entre el PSOE y los econacionalistas de MES, el Servicio de Salud acaba de presentar el borrador de un nuevo decreto, que será aprobado en unos meses. Establece que el catalán sea un requisito para todo el personal del Servicio de Salud, incluyendo a auxiliares, enfermeros y médicos.