El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu)
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu) - EFE

Un juez suspende la imposición del euskera en las escuelas infantiles de Pamplona

Acusa al Ayuntamiento de Bildu de realizar informes «ad hoc» para justificar su decisión

PamplonaActualizado:

El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Pamplona ha decidido suspender cautelarmente la imposición por parte del Ayuntamiento de Bildu del cambio de modelo lingüístico en dos escuelas infantiles de la capital navarra.

En el auto, el juez reconoce que dicho cambio de castellano a euskera fue una «imposición» dado que «aquellos padres que han optado inicialmente por permanecer o mantener a sus hijos en la escuela de origen, en la que se ha cambiado el modelo lingüístico a euskera, han manifestado en su inmensa mayoría que no lo quieren, ni lo han pedido, ni consienten dicho cambio, resultando una imposición que se ven obligados a soportar en muchos casos por sus particulares necesidades de mantener la proximidad al domicilio o la única jornada que les permiten sus trabajos».

Quizá lo más grave del auto judicial es que reconoce que los informes presentados por el Ayuntamiento fueron elaborados para justificar la imposición. «La habitual presunción de acierto y neutralidad de tales informes suscritos por funcionarios públicos queda en un segundo plano, por cuanto se trata de informes “ad hoc” hechos para justificar y defender las resoluciones cuestionadas».

En el mismo, el juez también reconoce los «daños graves y difícilmente reparables» que conlleva la decisión del Ayuntamiento de Pamplona. Y decide suspender la imposición porque «simplemente aventurando una duración ordinaria de este procedimiento, junto con su eventual recurso de apelación, podríamos tener una sentencia firme cuando los niños hoy afectados ya hayan cambiado de ciclo educativo, los padres ya hayan sufrido todos los perjuicios y pérdidas durante ese período, los trabajadores ya hayan visto modificados o extinguidos sus contratos de trabajo y otros terceros hayan visto frustradas sus posibilidades de acceder al servicio educativo al que habrían tenido derecho».