Los jueces proponen un «coaching» de padres para resolver conflictos en familias con menores

Piden reforzar los juzgados de Familia para que la tardanza en la resolución del proceso civil no eclipse situaciones de riesgo latente

MadridActualizado:

Un experto en relaciones familiares que ayude y asesore a los progenitores ante problemas que puedan plantearse en la educación de los menores. Los jueces creen que este «coaching» de padres podría servir para evitar muchas de las situaciones problemáticas que se plantean diariamente en los juzgados en el marco de procesos de separaciones y divorcios. Por ello, su propuesta forma parte de las conclusiones de las XXVIII jornadas nacionales de los decanos de toda españa, un encuentro que se celebra con carácter anual, en esta ocasión en Melilla.

Buena parte de las propuestas de este año tienen un componente social, con los menores y la violencia de género como telón de fondo. Los togados señalan que los juzgados de Familia «se ven inundados por conflictos derivados de la incapacidad de algunos progenitores para ejercer una parentalidad responsable». Incidentes en el cumplimiento de régimen de estancias, desacuerdos sobre salud, formación o lugar de residencia del menor, enfrentamiento sobre pautas educativas... Se trata de disputas, dicen, que «no se resuelven con a aplicación del ordenamiento jurídico» y que acaban dañando a los hijos.

El coordinador de parentalidad que los jueces proponen, y que tiene su origen en Estados Unidos y Canadá, sería nombrado por el juez y se trataría de un experto en relaciones familiares que asesoraría y ayudaría a los progenitores en el ejecicio de esa parentalidad informando al juez de las vicisitudes que afectan a los hijos menores. Los decanos subrayan que los proyectos piloto han evidenciado una «reducción drástica» de la litigiosidad y una «mejora sustancial en las relaciones paternofiliales».

Juzgados de Familia

Otra de las conclusiones de estas jornadas, relacionada con la violencia de género en este caso, se refiere a la necesidad de dotar de más medios precisamente a los juzgados de Familia. Consideran que si redujeran los tiempos de respuesta en la adopción de medidas provisionales ante una ruptura no quedarían eclipsadas las situaciones de riesgo latente que existen en muchos hogares.

«En la lucha contra la violencia de género es fundamental la prevención, puesto que el derecho penal interviene cuando el delito ya se ha cometido», apuntan. En este sentido, los jueces creen que es fundamental incrementar y reforzar los juzgados de Familia, puesto que las situaciones de crisis y ruptura conyugal «pueden ser germen de violencia y de hecho resuelven situaciones de violencia no denunciada en vía penal». «Es inadmisible que en procesos de familia haya tiempos de espera de uno o dos años para obtener unas medidas provisionales, para la elaboración de informes psicosociales que muchas veces permitirían detectar situaciones de riesgo que puedan estar latentes».

En este punto los jueces expresan su malestar por «afirmaciones demagógicas que desde el ámbito político tienden a trasladar la idea de que cada muerte es un error judicial». Se trata, dicen, de una «simplificación inadmisible que desconoce el funcionamiento del sistema judicial».

Un sistema «mejorable»

Así, afirman que los jueces trabajan con indicios, realizando un pronóstico de riesgo futuro, y este sistema no es «infalible en absoluto, aunque sí mejorable». «Todo delito es en sí mismo, por definición, un fracaso: lo es un asesinato, el abuso de un menor, la prostitución coactiva, la corrupción o el tráfico de drogas. El Estado debe procurar reducir al mínimo dichos delitos, pero eso no significa que el hecho de que se sigan cometiendo sea un fracaso del sistema».

Los decanos de toda España recuerdan que jueces, policías, fiscales y forenses «trabajan con lo que tienen» y los medios son «muy precarios e insuficientes» y esto corresponde solucionarlo al ámbito político, que «no se ha caracterizado precisamente por una inversión suficiente en la materia». En los juzgados faltan psicológos, médicos forenses, salas adecuadas para proteger a las víctimas y, lo más importante: juzgados especializados en esta materia, que ahora solo hay en las grandes capitales. También son necesarias, dicen mejoras procesales que impidan la impunidad ante, por ejemplo, la retirada de una denuncia.