El informe del Gobierno concluye que la Iglesia no inmatriculó bienes a su favor sin mediar un título

La intención del Ejecutivo era impugnar aquellos «bienes de dominio público» que pudieron ser inscritos «incorrectamente» a nombre de la Iglesia católica. Sin embargo, el informe presentado este martes por la vicepresidenta Carmen Calvo al Consejo de Ministros —y al que ha tenido acceso ABC— concluye que «del informe recabado del Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España a este respecto no se puede concluir que existan inmatriculadas fincas a favor de la Iglesia sin mediar el necesario título material a su favor».

Durante su comparecencia al término de la reunión, Calvo explicó que «más allá de cualquier discrepancia, las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia se produjeron al amparo de la legalidad» , por lo que deberá ser ahora la Justicia la que determine la titularidad de aquellos bienes sobre los que la administración o algún particular planteen alguna duda. «Con este listado, el Gobierno arroja transparencia y hace pública la información para que tanto las personas físicas como jurídicas puedan moverse en cuanto a su conocimiento», insistió esta martes la vicepresidenta.

Con este trámite, el Gobierno de coalición responde a una proposición no de ley, que presentó el propio Partido Socialista en abril de 2017 y en la que instaba al entonces Gobierno de Mariano Rajoy a elaborar una relación de todos los bienes registrados por la Iglesia entre 1998 y 2015.

Según adelantó ABC el pasado mes de noviembre, de los 34.961 bienes inscritos por la Iglesia durante ese periodo, más de la mitad (20.014) corresponden a lugares de culto (parroquias, ermitas, santuarios). Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la Catedral-mezquita de Córdoba, la catedral primada Santa María de Toledo, la basílica del Pilar de Zaragoza o la catedral de Burgos.

El resto de inmuebles (hasta completar los 34.961) no son lugares de culto. La gran mayoría son casas y locales parroquiales, cementerios, fincas rústicas o solares, pero en algunas diócesis también aparecen otro tipo de bienes, como algunas plazas de garaje, locales comerciales, y hasta un frontón, construido sobre una de las paredes de una Iglesia en el municipio de Hoz de Marrón-Ampuero en la diócesis de Santander.

En el caso de la diócesis de Granada, por ejemplo, aparecen cerca de ocho locales comerciales y en la de Málaga varios aparcamientos pero ninguno de todos estos bienes fueron registrado por certificación eclesiástica.

Este procedimiento especial habilitado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria del Gobierno de Aznar permitió a la Iglesia entre 1998 y 2015 la inscripción de muchos de sus bienes «mediante certificación del obispo por tenerlo incluido en el inventario del patrimonio de la diócesis o por posesión inmemorial y debía ser acompañado de un certificado catastral que dice quién es el titular catastral», recuerda el Colegio de Registradores.

Por este procedimiento, la Iglesia logró inscribir -según el listado que el Gobierno pasó esta martes al Congreso- 30.335 inmuebles, entre los que figuran la Catedral de Burgos o la catedral mezquita de Córdoba. Las diócesis de Castilla y León y Galicia fueron las que más bienes registrador por este mecanismo especial con 8.706 y 6.210 inmuebles, respectivamente.

Los restantes 4.626 (hasta completar los 34.961) figuran con otro tipo de títulos de propiedad. «La mayoría son bienes dedicados al culto o que la Iglesia católica utiliza para fines educativos o sociales si bien hay bienes inscritos que nada tienen que ver con eso» , aseveró Calvo, sin hacer referencia a ningún ejemplo concreto.

Tras conocer la noticia, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello, agradeció «el reconocimiento de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador». A renglón seguido el prelado recordó que si bien la ley fijaba dos años de plazo para que «aquellas personas con mejor derecho o instituciones pudieran reclamar la titularidad de esos bienes una vez inscritos», la Iglesia «no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo». «Por eso si alguien viniese con mejor derecho y pudiera revisar la inmatriculación realizada, la Iglesia está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo pide».

Pese a que los templos han estado en manos de la Iglesia desde tiempos inmemoriales, ninguno de ellos fueron inscritos en el Registro de la Propiedad hasta después de 1998 porque -al igual que los bienes de dominio público- estaban exceptuados de la posibilidad de inscripción. La reforma de la Ley Hipotecaria impulsada por Aznar suprimió en 1998 esa disposición, por considerarla inconstitucional , y además permitió a la Iglesia inmatricular sus bienes a través del procedimiento de la certificación eclesiástica y no con un título de propiedad formal.

Antonio Hurtado, el diputado socialista por Córdoba que impulsó la proposición no de ley que ha dado lugar al polémico listado saludó este martes el informe del Gobierno. «La relación pormenorizada de esos bienes abrirá la puerta a que se puedan corregir los abusos que pudieron haber producido por la potestad que se pudo dar a la Iglesia a través de una ley», comentó a este periódico.