Absuelta tras aplicar la eutanasia a una paciente que dio señales contradictorias sobre su deseo a morir

La Fiscalía acusaba de «asesinato» a una doctora que autorizó la muerte asistida a una anciana con alzhéimer, en estado de demencia avanzada y que, a pesar de haber firmado una petición oficial de eutanasia en caso de enfermedad grave, dio señales contradictorias sobre su deseo a morir en sus últimos meses.

El fiscal consideraba que la doctora de un centro geriátrico «no investigó lo suficiente si la mujer realmente quería poner fin a su vida» aunque admite que actuó «de buena fe». Por este motivo no se pedía una pena de cárcel, sino solamente una sentencia condenatoria que siente precedente judicial y sirva a los médicos y centros geriátricos para adoptar protocolos de actuación más precisos.

La acusada subrayó que había «llegado a conocer muy bien a la paciente» y reconoció que en ocasiones dijo que quería morir, pero en otras cambiaba totalmente de opinión. Explicó al tribunal que la paciente se encontraba en una «situación particularmente extraña» cuando en abril de 2016 decidió autorizar el fin de su vida, porque, a pesar de las negativas verbales a morir, en 2012 había firmado ante notario un documento exigiendo la eutanasia si tenía que ser ingresada en un hogar de ancianos. La paciente, además, había rechazado por escrito cualquier tratamiento paliativo y había autorizado a su marido y a su hija a tomar la última decisión en cuestiones médicas si ella no era capaz de hacerlo, por perder progresivamente sus capacidades cognitivas y su memoria.

« No se acordaba de su pasado ni de lo que quería en el futuro . Sus palabras no tenían sentido. No era consciente de lo que pasaba a su alrededor. En este contexto, tuve que hablar con ella sobre su deseo a morir. Solo transmitía sufrimiento y un comportamiento caótico», declaró la doctora, instando al tribunal a determinar si en esas concretas circunstancias está justificada la eutanasia.

La víctima no supo que se estaba tomando una dosis letal cuando se bebió el último café y el mismo día de su muerte había hecho planes con la familia, aunque raramente los reconocía debido al avanzado estado de Alzheimer en el que se encontraba. Durante el proceso, la anciana despertó de forma repentina y opuso resistencia, lo que provocó que sus familiares, presentes en el geriátrico en ese momento, la agarraran por la fuerza para ayudar a la doctora a seguir poniéndola la inyección correspondiente.

Esta situación fue entendida como «asesinato» por la Fiscalía holandesa, que llevó el caso ante los tribunales por primera vez desde que se legalizó la eutanasia en 2002, en busca de establecer un precedente judicial para casos similares en los que un paciente con una enfermedad mental no sea ya capaz de expresar su voluntad razonada.

La ley holandesa considera legal la intervención directa y eficaz del médico para causar la muerte de un paciente que sufre una enfermedad irreversible o que se encuentra en fase terminal y con padecimiento insoportable, condiciones que no necesariamente se dan en casos de demencia senil, a excepción de la irreversibilidad. Los requisitos incluyen que el paciente, que debe residir en Holanda, ha de haber expresado la petición de eutanasia o de ayuda al suicidio de manera reiterada, voluntaria y como producto de la reflexión, puntos que en los casos de demencia senil son de difícil cumplimiento. Los sufrimientos deben ser intolerables y sin perspectivas de mejora, establece la norma. El paciente debe haber sido informado de la situación y del pronóstico. El médico que vaya a aplicar la eutanasia está obligado a consultar el caso con un compañero, dos en el caso de que el sufrimiento sea psicológico, que tienen que emitir el correspondiente informe de aprobación. La misma ley establece que las peticiones de eutanasia las pueden formular menores de edad, con el consentimiento de los padres entre los 12 y 16 años y sin el consentimiento, aunque participando en la decisión final,entre los 16 y 17 años. El 4% de los holandeses falleció en 2016 por eutanasia. La mayoría de ellos padecía cáncer y le fue practicada directamente por su médico de cabecera. Si en el año de la legalización, en 2002, hubo 1.882 eutanasias, el año pasado sumaron 6.091.