El hermano de una asesinada por violencia machista solicita al Congreso eliminar los obstáculos para adoptar a su sobrina huérfana

La fundación dio cuenta también del «I Informe Anual del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto», cuyos datos hizo públicos la pasada semana y que pone de manifiesto que al menos 166 niños y niñas se han quedado huérfanos desde 2013, destacando la situación de «desprotección que viven muchos de ellos».

David quiso poner rostro este lunes a las cifras y desgranó cómo el asesino de su hermana no fue a prisión hasta tres meses después del crimen, cuando la policía reunió los indicios suficientes, y durante los cuales sometió a la menor a un proceso de total desarraigo, con el supuesto apoyo de los abuelos paternos. Finalmente, el padre fue condenado a 20 años de prisión , privación de la patria potestad y prohibición de comunicaciones con su hija. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha sido declarada firme por el Supremo.

«Somos conscientes de que, prisión aparte, conseguir privación de patria potestad como pena en un procedimiento penal es muy importante porque hasta entonces ocurría en un porcentaje ínfimo de los casos», señaló David, que precisó que desde el día en que ocurrieron los hechos hasta la detención tres meses después no volvieron a saber «absolutamente» nada de la niña.

Tras la detención, el juez instructor suspendió cautelarmente la patria potestad y el régimen de visitas y se la otorgó a los abuelos maternos. «Alguien capaz de privar a un menor para siempre de su madre, nada bueno puede aportarle. Un maltratador en absoluto es un buen padre», sentenció David.

Posteriormente, David y su mujer, con el apoyo de sus padres, solicitaron la transferencia de la patria potestad y la guardia y custodia. Tampoco este proceso fue fácil, conforme relató. David lamenta que el juez permita las visitas supervisadas en un punto de encuentro con los abuelos paternos que, a su juicio, participaron activamente en el desarraigo de la menor.

En este punto, cuestiona especialmente la labor de los equipos psicosociales de los juzgados que, según recalca, parten de una visión «idílica» de lo que es mejor para los menores y no tienen en cuenta los hechos por los cuales se encuentra en dicha situación. Del mismo modo, lamenta que los jueces de instrucción, no es que se apoyen en estos informes, es que los toman como «base». Por ello, también pone en tela de juicio, la especialización de estos magistrados.

Su experiencia en el punto de encuentro tampoco es «gratificante». «El centro no entiende que la situación del huérfano de violencia de género tiene matices importantes. Allí nadie se preocupaba de saber cuál era el foco de ese rechazo. La única respuesta es que tienen que ejecutar un auto judicial», aseguró David, que narró que su sobrina rechazaba a sus abuelos paternos, hasta el punto de generarle vómitos, tal y como ocurrió también con el equipo psicosocial.

Tampoco tiene elogios para los servicios sociales de la zona porque, en su opinión, no facilitan el acceso a los recursos de la administración a los que ellos llegaron «hablando» con gente. En todo caso, relata que la única ayuda de su sobrina es una beca de comedor de 234 euros de la Comunidad de Madrid , que ha comenzado a recibir este año.

A ello se suma que, cuando ocurrieron los hechos, el asesino de su hermana gestionó cobrar la pensión de viudedad y que su hija recibiera una pensión parcial y no fue hasta la sentencia firme cuando se corrigió esta situación. «Tras la detención, fuimos nosotros los que pusimos en conocimiento que esto se estaba dando», explica David, que señala que aunque la situación se ha corregido, su sobrina nunca cobrará los meses que indebidamente ha cobrado su padre.

Respecto a la declaración del IRPF, David lamentó también la visión «restrictiva» del Ministerio de Hacienda, que le impide incluir a su sobrina en la declaración para acceder a las deducciones por hijos, ya que, tal y como comenta, la patria potestad no recibe el mismo tratamiento que la adopción, el acogimiento o la tutela. «Nosotros nos ocupamos de todo», recalcó.

Por otro lado, indicó que la sentencia firme también contempla una «importante» indemnización del condenado, pero que nunca va a pagar. En este sentido, explicó cómo tuvieron que rehacer la declaración de herederos para incluir la indignidad y garantizar que el 50 por ciento de la vivienda propiedad de la pareja fuera para la menor. La otra parte, propiedad del padre condenado, está embargada. Sin embargo, no se adjudicará directamente a la menor en pago de la indemnización sino que tendrá que salir a subasta. David cree que en casos de violencia de género debería dictarse la adjudicación directa a los huérfanos.

Un escollo más es el inicio del proceso de adopción de la menor, que David y su mujer han iniciado y que, según relató, es «muy largo» en el tiempo, ya que después de ocho meses todavía no está resuelto. Este tipo de procesos debería ser, en su opinión, más «ágil». Además, su adopción conllevará la pérdida de la pensión de orfandad.

«Si la adopción llega a su fin, perderá su pensión de orfandad -advirtió-. Pero ella nunca dejará de ser huérfana. Le vamos a proporcionar el amor y nos hemos convertido en sus padres y como padre madre e hija nos sentimos. Pero ella es consciente de que su mamá de barriguita está en el cielo y su progenitor de momento está castigado», explicó.

En este sentido, también planteó la necesidad de que la menor siga cobrando su pensión pese a la adopción porque «no parece muy concordante» que actuar para proporcionarle la mayor protección, a través de la adopción, tenga que ser penalizado con la pérdida de «la totalidad de su pensión».

David terminó su intervención asegurando que él y su esposa han tomado una decisión «de corazón» que volverían a adoptar pero recordando al mismo tiempo que supone un cambio muy importante para una pareja que no tenía hijos y unos gastos, a veces, difíciles de asumir.

En la misma jornada, el PSOE anunció que acababa de registrar una proposición de ley para la mejora de la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencia de género. En concreto, los socialistas piden que los titulares de esta pensión tengan derecho al incremento previsto reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta.

Igualmente, el expresidente del Gobierno Felipe González, que participó en la jornada , urgió a modificar la Ley del Menor para tratar específicamente la situación de los huérfanos por violencia de género . A su juicio, esta reforma debe contemplar aspectos relacionados con las pensiones de estos menores, sus becas o el tratamiento fiscal de las familias que les acogen, así como buscar solución a las contradicciones que en esta materia pueden darse entre administraciones