El Gobierno tiende la mano a la Junta para demoler El Algarrobico
Ambas administraciones devolverán la zona a su estado original, dice Soraya Sáenz de Santamaría
RAQUEL PÉREZ
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colaborará con la Junta de Andalucía en la demolición del hotel El Algarrobico, ubicado en Carboneras, Almería, tras la sentencia conocida el jueves del Tribunal Supremo, que en todo caso se refiere a competencias municipales ... y autonómicas. Por tanto, el Ministerio reafirma su compromiso en devolver la zona a su estado anterior, colaborando para ello con la Administración andaluza. En este sentido, en julio de 2012, ambas administraciones encomendaron conjuntamente a la empresa pública Tragsa la realización de un estudio relativo a las actuaciones necesarias para la demolición y restauración de la zona y su presupuesto. El coste de la demolición se estimó en 7,17 millones de euros. El Gobierno central acordó con el automómico entonces llevar a cabo conjuntamente la demolición del hotel, si los tribunales establecían que procedía dicha demolición.
La presidenta andaluza , Susana Díaz , se ha congratulado de la sentencia del Supremo que, en su opinión, «ha hecho justicia, por fin», en este contencioso de más de una década, y ha subrayado que lo que toca ahora es que las administraciones «cumplan» el protocolo firmado en el 2011.
El Gobierno, por su parte, ha pedido a la Junta de Andalucía la «máxima colaboración e interlocución» para ejecutar «cuanto antes» la sentencia sobre la que la vicepresidenta en funciones, Soraya Saenz de Santamaría, ha opinado que no le cabe «ninguna duda» de que ambas administraciones mostrarán «ese espíritu de colaboración».
La construcción del hotel se inició en 2003 y ocupa parcialmente una zona de servidumbre de protección, un ámbito donde las competencias son autónomicas. El deslinde del dominio público marítimo terrestre del tramo de costa donde se sitúa el hotel, llevado a cabo por Orden Ministerial de 8 de noviembre de 2005, fue declarado conforme a derecho de manera definitiva por las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo y 18 de julio de 2012.
Situación compleja
Ahora, el Ejecutivo nacional ha de analizar al detalle la sentencia del Alto Tribunal, que aún no conoce, para determinar sus consecuencias y velar por su estricto cumplimiento, como ha venido haciendo en todo momento, dentro del respeto al marco competencial que regula una situación compleja como ésta. La reforma de la Ley de Costas aprobada por este Gobierno evita precisamente que situaciones de inseguridad y confusión como la de El Algarrobico puedan repetirse en el futuro.
La conocida cláusula «antialgarrobico» permite que la Administración del Estado, tan pronto como tenga noticia de que una licencia municipal infringe la Ley de Costas, pueda suspenderla en vía administrativa. Se evita, así, que pueda avanzar un costoso proceso constructivo que finalmente resulte inviable. Esta cláusula introduce un mecanismo de control de la Administración del Estado que, sin duda, evitará uno de los problemas más graves que presentaba la legislación anterior.
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