El Gobierno da un paso atrás y no aplicará el IVA a la educación privada

La semana pasada, tal como avanzó ABC, los planes eran distintos. En la configuración de los Presupuestos Generales del Estado 2021, el Gobierno planeaba eliminar la exención de IVA de la sanidad y de la educación privadas . Este periódico no ha podido confirmar si el IVA se le aplicará finalmente a la sanidad privada.

En principio, en el ámbito educativo, esta medida iba a afectar de forma directa a las empresas titulares de centros privados. Pero también iba contra la concertada; no en cuanto al concierto propiamente dicho, pero sí respecto a las actividades que no están comprendidas en la subvención. Por ejemplo, las actividades extraescolares y complementarias, así como las etapas de Bachillerato e Infantil (de 0 a 3 años), que mayoritariamente no tienen concierto.

Las organizaciones empresariales representativas del sector educativo privado han manifestado a ABC que consideran «muy positiva la rectificación de PSOE-Unidas Podemos, respecto a su propuesta de aplicar el IVA del 21% a la educación, puesto que esta medida, lejos de suponer un beneficio social, supondría un golpe letal al servicio esencial de la educación, a los derechos de millones de familias y al empleo de más de 100.000 trabajadores ». Aún así, han pedido «un pronunciamiento expreso por parte del Gobierno o del Ministerio de Hacienda al respecto».

La declaración fue firmada por la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), Escuelas Católicas (EC) y Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE).

En caso de que la medida hubiera salido adelante, las empresas del sector educativo hubieran visto aumentar sus costes, lo que hubiese repercutido, por lo tanto, en las familias. Según cálculos de la CEOE, en función de los realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) la recaudación prevista y, por lo tanto, lo que las familias iban a tener que pagar asciende a 1.500 millones de euros al año .

Las mismas organzaciones representativas de los distintos sectores de la educación privada, tanto de enseñanzas regladas como no regladas, se unieron también la pasada semana para hacer una declaración conjunta en contra de la medida.

Entonces, señalaron que «la aplicación del IVA al sector de la educación privada, en plena crisis económica derivada de la pandemia, supondría para las familias que libremente la han elegido un encarecimiento insoportable de este servicio, lo que en la práctica podría llegar a suponer la desaparición del sector ».

«Vulnera, además, el derecho de las familias a elegir la educación que prefieren para sus hijos con arreglo a sus convicciones, consagrado en el artículo 27 de nuestra Constitución, y en consecuencia también afecta a la libertad de creación de centros. Se trata de derechos fundamentales contemplados en el Título Primero de la Carta Magna, por lo que están sometidos a especial protección».