El Gobierno estudia recurrir al 155 para proteger el castellano en los colegios catalanes

No obstante, la insumisión histórica de la Generalitat en materia lingüística se produce ahora en un contexto político totalmente distinto tras la intervención de la administración autonómica con el artículo 155. «Somos sensibles con el problema y estamos en ello. Pronto lo anunciaremos, pero quedan todavía unas semanas para abrir el periodo de matriculación», anunció ayer en los pasillos del Congreso el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, que aclaró que se estudia también si la vía del 155 lo permite. En medios políticos también se interpretó el anuncio como una sutil manera, o nada sutil según se mire, de presionar a los partidos independentistas par formar ya gobierno dentro de la ley si no quieren que el 155 comience a traducirse en cambios reales en Cataluña.

En cualquier caso, y en la reunión que mantuvo en Madrid con Sociedad Civil Catalana (SCC), el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmó que la introducción de la casilla, una reivindicación histórica de las asociaciones a favor del bilingüismo , está sobre la mesa del Ministerio de Educación . Frente al aplauso de estas entidades, la reacción de los defensores de la inmersión -partidos, sindicatos, y hasta la alcaldesa Ada Colau- fue absolutamente beligerante ante lo que calificaron de intento de acabar con el «modelo educativo catalán».

En realidad, y aunque la medida puede ser un primer paso, la introducción de la casilla no acabaría ni mucho menos con la preponderancia del catalán en los centros. Ahora, si los padres quieren que su hijo estudie en castellano , la Generalitat se limita a proporcionar atención individualizada al alumno y siempre que previamente sus progenitores lo hayan solicitado presencialmente a la dirección de cada colegio. Esa petición vuelve luego a la consejería. Las familias no tienen otra opción que realizar ese peregrinaje, pese a las sentencias firmes que obligan a escolarizar totalmente en castellano durante los primeros años de enseñanza a todos los alumnos que lo soliciten. Por lo que respeta a la etapa de Educación Primaria, las sentencias marcan que el alumno que pida más castellano reciba al menos un 25% de las clases en esa lengua pero no de forma individualizada sino junto a sus compañeros de aula. Lo farragoso de los trámites, y el miedo a ser señalado disuaden a muchos padres de solicitarlo, algo que la introducción de la citada casilla pretende facilitaría.

Entidades como Convivencia Cívica Catalana llevan años reivindicándolo y, de manera más reciente, el sindicato de profesores AMES (Acción para la mejora de la enseñanza Secundaria) envió el pasado 2 de febrero sendas cartas al ministerio y a la consejería de Educación reclamando que se recupere el castellano como lengua vehicular en las escuelas. En declaraciones a ABC, el presidente de AMES, Antonio Jimeno celebró el anuncio del Gobierno: «Es un paso adelante después de muchos años, pero falta ver cómo se concreta este anuncio». En sentido contrario, y también en declaraciones a este diario, Manel Pulido, responsable de Enseñanza de CC.OO en Cataluña, dudó de la «capacidad legal» del Gobierno para adoptar esta decisión, y anunció, como otros sindicatos y partidos, su intención de combatirlo en todos los frentes.

El derecho de los padres a escoger la lengua de escolarización de sus hijos vuelve a estar encima de la mesa. La Cataluña del 155 se replantea el dogma de la inmersión.