El Gobierno aprueba la reforma de la Constitución para eliminar el término 'disminuido'

«Se elimina de una vez por todas el término ' disminuido ' de nuestro texto constitucional», ha subrayado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en un tuit publicado antes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Además, según ha destacado, la reforma modifica «por completo» el articulado para « dejar atrás un enfoque asistencialista y pasar a un reconocimiento centrado en los derechos humanos y, concretamente, en los derechos de las personas con discapacidad».

El nuevo artículo recoge, según ha adelantado Belarra, que las personas con discapacidad son titulares de derechos, sin que pueda producirse discriminación de ningún tipo; y que los poderes públicos garantizarán su plena autonomía e inclusión social, respetando sus preferencias y libertad de elección.

Además, ha indicado que se deberá atender la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad, víctimas de discrimación interseccional; y todas las políticas que se lleven a cabo se elaborarán contando con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.

«A partir de ahora España está más alineada con el discurso de derechos humanos, y se repara una anomalía jurídica, social y moral con las personas con discapacidad, porque el reconocimiento efectivo de los derechos humanos son la meta y la senda del Gobierno de España», ha enfatizado Belarra.

El Cermi solicita cuando llegue al Parlamento el apoyo de todas las fuerzas políticas puesto que el proyecto ha sido construido « desde la consulta, el diálogo y el consenso previos tanto en sede parlamentaria como con el sector social que representa a las personas con discapacidad y sus familias». El Cermi espera de los grupos un respaldo constructivo y en su caso mejoras que lo perfeccionen y amplíen, siempre con voluntad de acuerdo.

Para el presidente de Cermi , Luis Cayo Pérez Bueno, «esta reforma situará a España en el rango constitucional como uno de los países con legislación fundamental más avanzada en materia de personas con discapacidad». Por ello, Pérez Bueno la ha considerado como «una buena propuesta» que «si bien puede ser mejorada en ciertos aspectos en el trámite parlamentario, puede ser precursora de futuras reformas de carácter social de más amplio calado, como la constitucionalización como fundamentales de los derechos sociales».