La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo - ABC

El Gobierno mejorará el protocolo de la listeria y aprobará un decreto de vigilancia de salud pública

La ministra de Sanidad comparece en el Congreso y admite que hay que mejorar la información con las comunidades autónomas y las «redes nacionales de alerta»

MadridActualizado:

El brote de listeriosis, según la ministra de Ssnidad, María Luisa Carcedo, se encuentra en «remisión» y en fase de resolución», ya que el último caso que inició síntomas fue el 21 de agosto. Desde el 23 de agosto solo se confirman entre 0 y 3 casos al día. A partir de ahora se espera «un pequeño goteo de casos en los próximos días en personas que se encuentran en periodo de incubación o que consumen productos que guardan en casa y no lo hayan desechado».

La titular de Sanidad está comparececiendo a petición propia ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para hablar de el brote de listeriosis que se ha producido en Andalucía.

Carcedo ha afirmado que el viernes 16 de agosto Andalucía informa oficialmente del brote de intoxicación través de las dos redes nacionales: el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida y el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. Según esta información, el único producto alertado es la carne mechada, marca La Mechá.

La ministra asegura que en el momento actual hay numerosos intercambios de información con la Junta de Andalucía y que «la calidad y oportunidad de la información que la Junta ha ido remitiendo a la red de alertas ha mejorando a lo largo de la crisis».

Área de mejora clara

Carcedo considera que la mejora de la información es un «área de mejora clara en la que en parte se ha empezado ya a trabajar con las comunidades autónomas».

Asimismo, afirmó que «las redes nacionales de alerta han funcionado, pero debemos analizar cualquier posibilidad de mejorarla». por ello, anunció que se está «trabajando en un nuevo decreto de vigilancia en salud pública para que se incremente la calidad de las notificaciones de declaración obligatoria y se agilice la intervención de las administraciones, entra otras medidas».

Igualmente, va a proponer «una revisión del sistema y del protocolo de la listeria en el marco de la Ponencia de Vigilancia de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».

La ministra apuntó el contenido de este decreto, a requerimiento de la oposición, afirmando que iría en la línea de desarrollar el artículo 13 de la ley de seguridad alimentaria, ampliar la red de vigilancia, extenderla a otras enfermedades, así como mejorar la información y las notificaciones.

En el turno de réplica a la oposición, la ministra admitió que «ha habido una cadena de errorres y responsabilidades acumuladas», tanto en el Ayuntamiento de Sevilla y en la Junta de Andalucía y que será la Fiscalía las que las determine. En este sentido, apuntó a la «escasa colaboración de la empresa».

Errores de la Junta

En el debate posterior a la intervención de la ministra, el grueso de la oposición denunció los errores que se han producido en la gestión de la crisis. El PSOE rechazó las críticas vertidas contra el Ministerio de Sanidad, afirmando que «están fuera de lugar», negándose a incidir «en los errores de la Junta de Andalucía, que los hay, ya que corresponde al Parlamento andaluz», las funciones de control, a juicio de la portavoz Ana Prieto.

Los socialistas aseguraron que el ministerio solo tiene tareas de coordinación cuando «la crisis excede la comunidda autónoma» y reclamó «prudencia» a la Junta de Andalucía. Finalmente, acusó a la Administración andaluza de «falta de transparencia y de mala comunicación».

El Partido Popular inició su intervención poniendo en valor la gestión de la Junta de Andalucía que, a su juicio, ha sido «diligente y rigurosa», según la portavoz María Luisa del Moral. Sin embargo, reclamó una mejora «en el sistema de seguridad alimentaria y de salud pública, aumentando el nivel de coordinación, los controles e inspección».

Los populares piden celeridad en la actuación del ministerio y que ejerza el «liderazgo en los sistemas de control».

Ciudadanos denunció que la empresa ha funcionado «sin licencia de apertura y se ha saltado todos los protocolos. Esa empresa es un fraude y ha campado a sus anchas sin ningún tipo de control». Asimismo, apuntó como responsable al Ayuntamiento socialista de Sevilla, y no la Junta de Andalucía, que «delegó sus competencias en el Ayuntamiento de Sevilla». La Junta, que en ese momento presidía la socialista Susana Díaz, «rebajó el riesgo alimentario, demorando las inspecciones seis a dieciocho mese».

La formación naranja culpó al Ministerio de haber dado una «información tardía, errónea e imprecisa», subrayó la portavoz Amparo Moya.

«Concatenación de errores»

El portavoz de VOX, Ignacio Garriga, afirmó que «lo que ha sucedido es muy preocupante y podemos vislumbrar cierta concatenación de errores, descoordinación y falta de liderazgo desde su ministerio».

El representante de VOX se mostró preocupado por las «negligencias e irregularidades», haciendo referencia a la falta de inspecciones de la empresa, por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

Esta formación política reclamó que el Estado vuelva a recuperar las competencias en materia de salud pública.

El PNV puso el acento en analizar si «ha habido lagunas de actuación por no haber actuado como se debe en la aplicación de la legislación». Hasta conocer este extremo, los nacionalistas vascos aseguran que no se van a pronunciar porque «lo contrario sería hacer demagogia».

Por su parte, ERC afirmó que se han producido «graves errorres en la cadena de seguridad alimentaria y falta de coordinación en la gestión de la comunicación entre las distintas administraciones».