La Generalitat también quiere controlar los idiomas extranjeros y lleva a Educación al Tribunal Supremo

El real decreto 1/2019 especifica los principios básicos comunes de evaluación que tienen que tenerse en cuenta en las pruebas de idiomas extranjeros. Por ejemplo, que debe evaluarse la comprensión, producción y coproducción de textos orales y escritos, las partes en que se dividirá el examen, cómo se puntuará, con qué calificación se superará , cómo se evaluará y corregirá o qué materiales podrán utilizarse y cuáles no (por ejemplo, que no se hayan usado por instituciones distinta a las escuelas oficiales de idiomas o que puedan resultar discriminatorios para individuos o colectivos).

La Generalitat presentó antes de este recurso un requerimiento previo, «presuntamente desestimado» por el ministerio, dice el texto de la Generalitat al que ha accedido ABC. Este se fundamenta en que «el Gobierno se ha excedido en su regulación , en cuanto al contenido de la normativa básica en la materia desarrollando aspectos muy concretos de organización de las pruebas y argumentando que no se ha seguido de forma completa el procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general», explican fuentes del Ministerio de Educación. En concreto, explica Educación, la Generalitat considera que la regulación « excede de lo básico inmiscuyéndose es aspectos concretos de organización que son competencia de las comunidades, lo que resulta discutible», señalan las mismas fuentes.

¿Por qué resulta discutible? La razón del Gobierno es que el contenido de este real decreto ya estuvo a disposición de todas las comunidades, incluida Cataluña. «Se obtuvo el acuerdo de la Conferencia Sectorial, sin que hubiere ninguna advertencia o reparo en ella », explica Educación. En las conferencias sectoriales se informa de las normas del ministerio que afectan a todo el Estado y allí los consejeros de educación de las autonomías hacen propuestas y sugerencias, aunque no son vinculantes. Además, parece que la Generalitat no toma en consideración que la regulación de títulos académicos y profesionales corresponde al Gobierno, en cumplimiento con el artículo 27 de la Constitución. También es competencia del Estado determinar «los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional». Así lo establece la Ley Orgánica de Educación (aún vigente con las modificaciones de la Lomce) en su artículo 6 bis. «La aprobación de la normativa sobre la obtención de los títulos oficiales en lenguas extranjeras es competencia del Gobierno, por tener consideración de disposición básica común para todo el Estado », señala a ABC un abogado experto en derecho educativo. Para el letrado, «este recurso parece responder más a un interés político que jurídico».

En cualquier caso, Educación espera que se «pronuncien los tribunales». Por su parte, Marta Martín , responsable de Educación de Cs calificó el recurso de «surrealista». «El gobierno separatista de Torra quiere hacernos creer que estamos en el mundo al revés. No solo el Tribunal Constitucional declaró diez artículos de la Ley de Educación de Cataluña improcedentes, sino que ahora la Generalitat dice que es el Estado quien invade competencias», criticó.